La decisión de los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de suspender temporalmente las patentes de las vacunas anticovid es un acto simbólico cuyo alcance real es desconocido, señalan expertos.
Tras casi dos años de negociaciones, los 164 países de la OMC alcanzaron este viernes 17 de junio ese pacto “sin precedentes” que permite a los países en vías de desarrollo fabricar durante cinco años las vacunas contra el coronavirus, sin pagar regalías.
Ello incluye la tecnología del ARN mensajero, una novedad científica que propulsó los tratamientos contra la pandemia. Los países que lo deseen podrán utilizar ese método sin tener que contar con la autorización del laboratorio que lo descubrió.
Organizaciones no gubernamentales y potencias regionales como Sudáfrica o India reclamaban ese derecho.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque el 60% de la población mundial ha recibido dos dosis de vacuna anticovid, la situación es muy desigual. En Nigeria solamente ha sido vacunada el 8% de la población, menos del 5% en Camerún y el 17% en Libia.
El statu quo actual “equivale a un sistema de apartheid vacunatorio”, según Tendayi Achiume, relatora especial de la ONU sobre discriminaciones.
Es la primera vez que se adopta un suspensión de patentes en el seno de la OMC.
Del GATT a la OMC
El 1 de enero de 1995, la Organización Mundial de Comercio (OMC)sustituyó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que desde 1947 se ocupaba de supervisar el sistema multilateral de comercio. Aparte de promover la apertura del comercio, la OMC es un foro para que los gobiernos negocien acuerdos comerciales.
En 2001, la organización votó la creación de un mecanismo de licencia obligatoria sobre los tratamientos de triterapia contra el VIH, es decir, la autorización para los países en desarrollo de reproducir esas fórmulas farmacéuticas, aun sin el acuerdo de sus creadores.
Eso permitió disminuir el precio de los tratamientos, aunque los laboratorios mostraron su descontento.
Este nuevo acuerdo supone “un paso hacia adelante” respecto a las licencias obligatorias que se crearon jurídicamente en 2001, explica François Pochart, del gabinete August Debouzy.
“Los Estados pueden decidir por sí mismos, sin tener que hacer una demanda. La verdadera novedad es que la derogación permite también al país que va a producir la vacuna exportar a otros mercados, hacia otro miembro que sea admisible, y no solamente para su propio país”, explica.
Sin embargo, la industria farmacéutica advierte que la producción de vacunas ya es muy elevada. A mediados de junio ya se habían producido cerca de 14 mil millones de dosis en todo el mundo, según el gabinete de análisis de datos científicos Aifinity.
Algunos productores, como el gigantesco Serum Institute de India, decidieron incluso interrumpir su producción, ante la falta de demanda.
El problema desde el principio fue la distribución. Numerosos países productores bloquearon las exportaciones en nombre de la soberanía sanitaria, resalta Thomas Cueni, patrón de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (Ifpma). “Eso no ha sido tratado correctamente por la OMC”, denuncia.
Y además subsisten los problemas de logística para distribuir medicamentos que requieren cuidados especiales, a causa de su sensibilidad a las variaciones de temperatura.
“Simplemente es demasiado tarde” para que se abran nuevas fábricas, opinó el ministro indio de Comercio en la OMC, Shri Piyush Goyal.
“Estamos decepcionados de que no se haya podido alcanzar una verdadera derogación de la propiedad intelectual (...) que cubra todas las opciones médicas contra el Covid-19, en todos los países”, añade por su parte el doctor Christos Christou, presidente de Médicos sin Fronteras, en un comunicado.
