La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) informó que ha identificado 38 embarcaciones del registro panameño asociadas a la pesca ilegal que serán canceladas en los próximos días.
La ARAP lucha para cumplir con las recomendaciones de la Unión Europea (UE) contra la pesca ilegal que le permita salir de la tarjeta amarilla que el organismo europeo le impuso a Panamá en diciembre de 2019, como advertencia de no colaborador contra la pesca ilegal.
Tras la inspección realizada en junio pasado por la Dirección General de Pesca de la Unión Europea (DG-Mare), el organismo emitió el 15 de julio un reporte en el cual se concluyó que “aún queda mucho por hacer”, aunque reconoció los avances logrados por Panamá en la implementación de un nuevo sistema para combatir la pesca ilegal.
La administradora de la ARAP, Flor Torrijos dijo a este diario que el nombre de las embarcaciones que se cancelarán se le ha enviado a las “más altas esferas” de las autoridades , y en estos momentos se analiza el mecanismo legal para eliminarlas del registro.
Torrijos explicó que la cancelación de estos registros es bien compleja, y por ello la ARAP le ha pedido a la Presidencia que se emita un decreto ejecutivo mediante el cual se eliminen estas embarcaciones del registro.
Sería la fórmula más rápida, indicó, porque con el procedimiento legal se necesita cumplir con una serie de pasos que son mucho más lentos ya que se tiene que notificar a la parte y seguir todo el proceso.
Consultada sobre qué tiene que corregir Panamá para pasar la aprobación de la UE, Torrijos comentó que la lucha contra la pesca ilegal recae sobre varias instituciones, entre ellas Aduanas, porque no se puede dejar ingresar contenedores con pesca ilegal; y sobre las plantas procesadoras, que son las primeras que pueden estar comprando pesca ilegal. Además, entran en juego las embarcaciones, los puertos y el Ministerio de Seguridad.
“La fórmula de luchar contra la pesca ilegal es tener implementado un sistema de trazabilidad”, manifestó. Como ejemplo de un país que ha tendido éxito, Torrijos citó a Ecuador que le lleva la delantera a Panamá porque el gobierno ecuatoriano dispuso $26 millones para generar una estructura total que incluye transporte, aduanas y el ministerio de salud, entre otros.
Sobre el sistema de trazabilidad ya Panamá ha logrado un 65% de avance, según Torrijos. Las autoridades continúan trabajando para tratar de cumplir con la meta impuesta. Panamá debe enviar a la UE un cronograma de implementación de correctivos antes del 15 de enero de 2023. Luego la UE debe hacer otra visita a Panamá, que podría ser entre febrero y marzo.
En el reporte la UE advierte que espera no tener que recurrir a nuevas medidas y espera continuar con la cooperación.
Si Panamá no cumple pasaría a una tarjeta roja, con la cual las exportaciones de mariscos al mercado europeo quedarían bloqueadas, pero si por el contrario, recibe una buena calificación, regresaría a la tarjeta verde.
