La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que el país ha reforzado los requisitos para las operaciones de trasbordo entre petroleros bajo su bandera, con el objetivo de cerrar el paso a la llamada “flota fantasma” y fortalecer su reputación como Estado de abanderamiento responsable.
Se trata, indicó la entidad, de una medida alineada con los estándares de la Organización Marítima Internacional (OMI).
A través de la Dirección General de Marina Mercante (DGMM), la AMP emitió la Resolución No. 106-035-DGMM de 2025 (publicada en la Gaceta Oficial 30271–A del 6 de mayo de 2025), que introduce controles “más rigurosos y trazabilidad obligatoria” para las operaciones STS (Ship-to-Ship Transfer) de hidrocarburos en altamar.
“Esta iniciativa responde al creciente uso de embarcaciones opacas para evadir sanciones internacionales, transportar crudo sin declarar o burlar normas de seguridad ambiental; prácticas que han sido asociadas a la denominada flota oscura o flota en la sombra”, explicó la directora encargada de la DGMM, Rina Berrocal.
A partir de ahora, indicó la AMP, todas las naves de bandera panameña con arqueo bruto igual o superior a 150 toneladas deberán notificar, con al menos 48 horas de antelación al Estado de Abanderamiento, los detalles técnicos, logísticos y operativos de cada maniobra.
La notificación obligatoria deberá incluir información clave como:
Datos de identificación de los buques participantes (nombre, pabellón, número IMO).
Coordenadas y hora estimada de las operaciones STS.
Tipo y cantidad de hidrocarburos a transferir.
Método de trasbordo (en marcha o al ancla).
Contactos de la Persona Designada en Tierra (DPA).
Confirmación del plan STS conforme a la Regla 41 del Convenio MARPOL.
Además, los buques deberán actualizar sus planes de operaciones STS, incorporando esta nueva obligación de notificación, y mantener a bordo el comprobante de acuse de recibo en formato electrónico.
“Esta nueva disposición posiciona a Panamá como un Estado de abanderamiento comprometido con la seguridad marítima, la transparencia operativa y la prevención del uso fraudulento de su bandera, en línea con la normativa de la OMI y el Convenio MARPOL”, destacó la funcionaria.
“No se trata solo de proteger el prestigio del registro panameño, sino de garantizar que nuestras embarcaciones no sirvan de plataforma para operaciones ilegales que afectan al comercio global y al medio ambiente”, añadió.
