Recientemente, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por $4.7 millones solicitado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.
El monto tiene como objetivo cubrir los honorarios de las firmas de abogados internacionales que representaron a Panamá en el proceso de arbitraje interpuesto por First Quantum. Este arbitraje fue resultado de la cancelación de la concesión para operar la mina Cobre Panamá, ubicada en Donoso y Omar Torrijos, en la provincia de Colón.
Actualmente, el Estado panameño es representado por Hughes, Hubbard & Reed LLP, firma neoyorquina especializada en arbitrajes de inversión. El arbitraje interpuesto por la empresa minera se mantiene suspendido, aseguró Moltó, como parte de los puntos solicitados por el Gobierno para iniciar conversaciones orientadas a negociar la apertura de la concesión de 13 mil hectáreas.
¿Pero cuánto dinero ha destinado Panamá para defenderse de demandas internacionales interpuestas por inversionistas y empresas?
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que, en la última década, el monto destinado a cubrir el gasto de firmas especializadas alcanza los 46 millones de dólares, cifra que no incluye los procesos que se mantienen activos.
La cantidad señalada por el MEF corresponde a la representación de Panamá en 11 procesos interpuestos por supuestos incumplimientos de contratos por entidades estatales.
De esta cantidad de procesos ya concluidos, el país fue declarado responsable en la demanda interpuesta por la minera estadounidense Dominion Minerals, que presentó el recurso en 2016 luego de no obtener una prórroga de su concesión y, en cambio, el Estado expropió las tierras.
“En este procedimiento, el Estado fue condenado a pagar alrededor del 3% del monto reclamado, es decir, aproximadamente 26 millones de dólares, frente a una reclamación original que ascendía a 748 millones, incluyendo intereses”, señala la información proporcionada por el MEF.
La concesión del proyecto minero de cerro Chorcha fue otorgada en 2006 a Cuprum Resources, subsidiaria de Bellhaven Copper & Gold, y abarcaba 24.3 hectáreas entre Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé para la exploración de oro y cobre. Dominion adquirió posteriormente el 100% del proyecto.
En 2010, tras solicitar la extensión de la concesión para avanzar hacia una eventual explotación y después de invertir en una campaña millonaria que reportó hallazgos de minerales en cantidades comerciales, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) canceló la concesión y declaró la zona como “reserva minera”.
En diciembre de 2009, un fallo de la Corte Suprema suspendió temporalmente el contrato debido a que la concesión se superponía con áreas protegidas como la reserva forestal Fortuna, el bosque protector Palo Seco y la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad. La empresa tampoco contaba con un estudio de impacto ambiental, y el MICI argumentó que la renovación no se otorgó por incumplimientos a los requisitos.
Entre los casos donde Panamá ha obtenido decisiones favorables se incluye el de Campos de Pesé, y recientemente un tribunal internacional también falló a favor del país en la demanda presentada por Sacyr.
La constructora española, que formó parte del Consorcio Unidos por el Canal (GUPC) responsable del tercer juego de esclusas, reclamó en 2018 un monto de 2,362 millones de dólares al alegar que la actuación de la Autoridad del Canal de Panamá violó el tratado bilateral de inversiones entre España y Panamá.
Tras siete años de litigio, el tribunal arbitral desestimó cada uno de los argumentos de Sacyr, concluyendo que no logró sustentar sus alegatos y que las decisiones de la ACP no pueden ser atribuidas al Estado panameño, según informó la Presidencia. Previamente, la empresa había demandado a la ACP y obtuvo el mismo resultado.
Procesos sin concluir
Actualmente, Panamá enfrenta 11 arbitrajes activos, de los cuales 4 se encuentran suspendidos, con una reclamación total que alcanza los 9 mil millones de dólares. Estos casos se presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo del Banco Mundial.
Entre los procesos que siguen su curso dentro del Ciadi y los que están suspendidos, el de mayor cuantía es el presentado por la empresa canadiense Franco-Nevada, socio comercial de First Quantum.
La compañía solicita una compensación de 5 mil millones de dólares por los ingresos dejados de percibir tras el cierre de la mina. En 2016, Franco-Nevada firmó un acuerdo con First Quantum en el que se comprometió a desembolsar mil millones de dólares para financiar la construcción del proyecto minero, ubicado en una concesión de 13 mil hectáreas en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, en la provincia de Colón.
Voceros de la compañía han indicado que la decisión de suspender el proceso no significa que renuncian a su derecho de reclamar, sino que forma parte del proceso de negociación que debe enfrentar First Quantum con el Estado panameño.
Al igual que la empresa española Sacyr, la italiana Webuild también solicita una compensación relacionada con la construcción del tercer juego de esclusas, reclamo que asciende a 2,643 millones de dólares.
Otros procesos activos contra Panamá incluyen reclamaciones vinculadas a concesiones mineras canceladas y disputas contractuales. Entre ellos figuran las demandas de los accionistas de Petaquilla Minerals, que piden 500 millones de dólares tras la cancelación de su concesión en 2021, y la de Orla Mining, que exige un mínimo de 400 millones por la no renovación de sus permisos para extraer oro en Cerro Quema.
También están los reclamos de Banesco Holding Latinoamérica por 10.4 millones de dólares, y los de Blue Sea Holding y Oceans Group International, que solicitan 147 millones en una disputa por terrenos en Bocas del Toro. A esto se suma el arbitraje presentado por IBT Group y Eurofinsa por pagos pendientes relacionados con un contrato de hemodiálisis firmado en 2012.
Los casos más recientes incluyen el proceso iniciado en junio por la española FCC, que reclama 14.9 millones de dólares al Ministerio de Obras Públicas por supuestos incumplimientos, y el arbitraje presentado en agosto por un grupo de inversionistas que denuncian irregularidades en un proyecto residencial bajo responsabilidad del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, según información del MEF.
Respeto a la inversión
Después de Honduras, que tiene 13 arbitrajes activos en el Ciadi, Panamá es el segundo país con el mayor número de procesos, con 11. Le siguen Costa Rica y Guatemala, con 3 procesos sin concluir, y El Salvador, con 2. Nicaragua, según registros del Ciadi, no mantiene casos activos, ya que los 3 que se tramitaron ya están concluidos.
Esteban López Moreno, presidente de la Cámara de Comercio Internacional (ICC por sus siglas en inglés), capítulo de Panamá, comentó que, contrario a lo que podría pensarse, la cantidad de procesos de arbitraje no significa que un país sea peligroso para invertir. Por el contrario, indica Moreno, lo que demuestra es que el país respeta la inversión privada al aceptar resolver cualquier diferencia a través de un proceso arbitral
“Si Panamá ha aceptado ir a estos arbitrajes, es porque está respetando lo que las partes pactaron. Y eso yo creo que es muy, muy importante para los inversionistas, y en el caso de Panamá, lo bueno es que no solo ha respetado lo pactado en un acuerdo, contrato o tratado, sino que ha ganado casi todos los casos”, destacó.
Moreno comenta que un punto a favor del país es que se le ha dado continuidad al tema de la defensa del Estado a pesar del cambio de administraciones. “En el Ministerio de Economía y Finanzas hay una oficina que ve estos temas. Lo ideal es que haya expertos dentro del engranaje estatal que brinden asesoría sobre estos asuntos, como ocurre en otros países”, dejó el abogado.
Igualmente, señala que el país cuenta con abogados especializados en arbitraje que podrían participar en los procesos de defensa del Estado. Reconoce que ha sido positivo contratar firmas internacionales con experiencia en procesos de arbitraje, pero indica que el costo de sus servicios es alto, por lo que estima que podría reducirse ese gasto a través de la contratación de firmas locales con experiencia internacional.
“Sí es muy importante que Panamá, ante estas instancias, tenga firmas que cuenten con el conocimiento, pero también debemos dejar de ver siempre hacia afuera cuando en el país hay firmas que tienen la experticia para poder representarnos de igual manera. Creo que tenemos la capacidad interna de asumir esos retos. En Panamá hay personas que han manejado este tipo de arbitraje; tenemos profesionales que han actuado como árbitros, abogados y asesores”, comentó.
El reto ahora se concentra en los arbitrajes que siguen abiertos, particularmente los vinculados al sector minero, cuyos procesos se mantienen suspendidos mientras el Gobierno define con First Quantum la posible reactivación de la mina.
El rumbo de esa negociación será determinante: de ella dependerá no solo la continuidad del proyecto, sino también el futuro de reclamaciones que en conjunto superan los 20 mil millones de dólares y que podrían marcar el panorama jurídico y económico de Panamá en los próximos años.
