El comercio ilícito de cigarrillos, minimizado como uno de los eslabones de financiación de las estructuras criminales, ha tomado auge en toda la región latinoamericana y Panamá se ha convertido en un punto clave en la ruta del dinero, el contrabando y la evasión fiscal.
Los números hablan por sí solos. El 92% de los cigarrillos que se venden en Panamá provienen del comercio ilícito. El país deja de recibir cerca de $165 millones en impuestos directos por las ventas no declaradas y a los puertos locales llegan 15 contenedores cada mes repletos de cigarros.
Las cifras fueron dadas a conocer por Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers, plataforma para denunciar delitos de forma anónima. “Estamos hablando, básicamente, que de cada 10 personas que fuman, 9 están consumiendo un producto que es totalmente ilegal, lo que implica que no pagan impuestos”, dijo.
Se trata de una problemática que impacta a la salud pública, las finanzas del Estado y también la seguridad ciudadana.
Campos recuerda que esa pérdida de recaudación, incluye el Impuesto Selectivo al Consumo que ronda el $1.50 por cada paquete de cigarrillos que debería ir directamente al Estado. “Según la ley, el Estado además tiene que dividir una parte para el Ministerio de Salud y otra para el Instituto Oncológico y además para Aduanas”.
El comercio ilegal de tabaco en la región se vincula con actividades como el blanqueo de capitales, narcotráfico y corrupción colaborando estrechamente con las pandillas encargadas de distribuir el producto, de acuerdo con Crime Stoppers.
Por un lado, “hay una pérdida de recaudación que es grande y al mismo tiempo ese dinero que se genera de la venta de este producto va directamente a las pandillas y al crimen organizado. Esas son las pandillas que al final de cuentas son las estructuras que tienen amenazada la seguridad de la población”, indicó Campos.
“Muchas veces la gente lo ve como una realidad muy lejana, pero al final las pandillas que tenemos en Panamá, como en otros países de la región, son brazos operativos de estructuras más grandes del crimen organizado. Esas pandillas son las que las que venden el producto, facilitan la logística del contrabando de cigarrillos y generan fondos diarios...”.
Advirtió que el contrabando de cigarrillos es una especie de caja menuda para financiar operaciones de todo tipo, como comprar municiones, enviar dinero adentro de la cárcel o pagar pequeñas cuotas de soborno.
Si ya se sabe cómo funciona la estructura criminal, ¿qué hace falta para tomar un control de la situación?
Investigar, perseguir y eliminar el comercio ilícito de cigarrillos. Solo nos quedamos como en la pura incautación, pero esto es como en la cocaína cuando un incauta una tonelada ya pasaron 10. Si nosotros logramos identificar que son 15 los contenedores que entran a Panamá, en realidad cuántos otros contenedores entran, se quedan, y siguen camino en esta ruta para los países de la región.
Hace falta poner este tema del contrabando de cigarrillo en la agenda de la persecución criminal en Panamá. Mientras eso no pase, entonces toda la institucionalidad preparada para la persecución criminal no se va a acuerpar, desde el Ministerio Público, estamentos de Seguridad, Aduanas - pero con una visión criminal no solo administrativa-, y la Unidad de Análisis Financiero en la parte de blanqueo de capitales, porque el cigarrillo también se está usando para lavar dinero de origen ilegal principalmente del narcotráfico.
Campos también identifica en la problemática el tema de corrupción porque para que dicha operación “tan multimillonaria” se ejecute, tiene que haber vínculos que la faciliten.
“Se necesita una fuerte voluntad política, lo que también implica modificaciones en las leyes... Tenemos leyes tanto en Panamá como en otros países de la región que son muy viejas, tienen 10 ó 15 años, y ya no responden a las necesidades de la persecución criminal del 2024″.
La declaraciones se Campos se dan justo en la víspera de dos reuniones en Panamá. Del 5 al 10 de febrero se desarrollará la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y reunión de las Partes del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco que tendrá lugar del 12 al 15 de febrero.
