El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Jose Ramón Icaza, advirtió este martes, 17 de agosto, de las pérdidas irreversibles que causan a la economía los cierres de calles por agrupaciones que reclaman soluciones al Gobierno.
Las consecuencias de dichas medidas tienen un peso doblemente negativo cuando el país intenta recuperarse de la crisis económica que ha dejado el confinamiento impuesto a raíz de la pandemia.
El pronunciando de Icaza se da luego que desde el pasado lunes al medio día, integrantes de la Comarca Ngäbe Buglé mantienen cerrada la vía panamericana a la altura del distrito de San Félix, en la provincia de Chiriquí, en reclamo de la construcción de 14 kilómetros de carretera, la construcción de aulas escolares, entre otros. San Félix está a 80 kilómetros de la ciudad de David, cabecera de Chiriquí, y el recorrido por carretera toma aproximadamente 1 hora.
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La medida de fuerza ha interrumpido el paso de decenas de vehículos particulares, contenedores con mercancía perecedera y autobuses desde la provincia Chiriquí hacia Panamá y viceversa.
Los conductores y sus ocupantes se mantuvieron ayer en el lugar a la espera de que se liberara el paso, pero tuvieron que dormir en los vehículos hasta este martes en la mañana cuando la vía la abrieron los manifestantes por 15 minutos, pero volvieron a cerrar.
Por este sitio pasa toda la producción agrícola de las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro que abastece al resto del país.
Igualmente es el sitio de paso de contenedores con mercancía y combustible para Centroamérica, mucha de la cual viene de la Zona Libre de Colón.
“Como Cámara de Comercio siempre vamos a abogar por un diálogo basado en el respeto y la confianza”, indicó Icaza. Agregó que cuando ocurren estos cierres de calles “estamos afectando toda una cadena de valor en los distintos sectores de la economía y en ese sentido las pérdidas que se causan, por muy poco que sean, son irrecuperables”.
En ese sentido, la Cámara de Comercio e Industrias de Chiriquí estimó las pérdidas causadas hasta el momento en aproximadamente 3 millones de dólares.
En la tarde de este martes se acercó una comisión gubernamental para dialogar con los dirigentes indígenas, pero éstos exigen la presencia del presidente de la República, Laurentino Cortizo o el vicepresidente José Gabriel Carrizo.
Tras una reunión esta tarde, la viceministra de Obras Públicas, Librada De Frías, quien participa en la comisión que llegó al lugar, declaró que hay proyectos de inversión en desarrollo en la comarca, pero ha sido una falta de comunicación.
Incluso dijo que el lunes, cuando ocurrió el cierre, la maquinaria de construcción venía en camino para desarrollar trabajos en el área de Salto Dupí, uno de los sitios donde los nativos reclaman la construcción de la carretera.
