La administración del expresidente Laurentino Cortizo fue criticada por el acelerado incremento de la planilla estatal, y los números oficiales revelan que los cuestionamientos no eran infundados. La Contraloría General informó que, entre julio de 2019 y junio de 2024, la planilla estatal aumentó en 24,082 personas.
Cuando Cortizo asumió la presidencia, la planilla estatal estaba compuesta por 238,248 personas; sin embargo, en junio de 2024, al finalizar su mandato, había 262,330 personas.
Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), bajo la dirección, en ese entonces, de Héctor Alexander, emitió la Resolución MEF-2024-26101 el 24 de mayo, ordenando la suspensión de nuevas contrataciones y aumentos salariales. Sin embargo, el reporte de junio de 2024 reflejó un incremento de 2,903 trabajadores en comparación con el mes anterior.
La Contraloría reporta que la mayoría de los 2,903 nuevos trabajadores estatales en junio fueron contratados como eventuales, principalmente en instituciones como el Ministerio de Educación, la Universidad Tecnológica de Panamá, el Ministerio de Salud, la Universidad Especializada de Las Américas y la Caja de Seguro Social.
El aumento de la planilla estatal durante la pasada administración es una de las principales preocupaciones de las agencias de riesgo, ya que afecta negativamente el perfil fiscal del país. A pesar de la caída en los ingresos corrientes durante el pasado quinquenio, los gastos operativos del Estado continuaron en aumento, a pesar de la paralización de la economía como consecuencia de las restricciones impuestas durante la pandemia del coronavirus (covid-19).
Moody’s ha señalado que la rigidez fiscal en Panamá se ha incrementado en los últimos años debido al continuo aumento de la masa salarial, lo que ha elevado la proporción de gastos rígidos.
A medida que más trabajadores fueron contratados por el Estado, también aumentaron los gastos de planilla. En julio de 2019, el salario total de los trabajadores estatales sumaba 349.5 millones de dólares, mientras que, en junio de 2024, esa cifra ascendió a 439.8 millones de dólares, lo que representa un incremento mensual de 90.3 millones de dólares.
En total, durante el gobierno de Cortizo, la planilla estatal tuvo un costo de 23,766 millones de dólares, cifra cercana a los 25,200 millones de dólares en que se incrementó la deuda total del país en el quinquenio pasado.
La pasada administración señalaba que gran parte del incremento en el costo de la planilla era producto de las leyes especiales, representando cerca de $4,560 millones de dólares entre 2020 y 2024. Médicos, enfermeras, educadores, bomberos, agentes policiales y trabajadores del sector agropecuario y de gestión ambiental son algunos de los funcionarios que se benefician de las leyes especiales que establecen ascensos automáticos de salarios.
El informe de la Contraloría General agrupa información de 93 instituciones: 28 del Gobierno Central, 41 instituciones descentralizadas, 16 empresas públicas y ocho intermediarios financieros. El documento no incluye los salarios de la Autoridad del Canal de Panamá, los patronatos ni los municipios, con excepción del pago a los representantes de corregimiento. También se excluyen los pagos por horas extras, vigencias expiradas, décimo tercer mes, gastos de representación, jubilaciones y funcionarios eventuales de proyectos de inversión.
En el último año de gestión de Cortizo, la planilla estatal se incrementó en 2,903 personas. Según la Contraloría, “en comparación con junio de 2023, la planilla de junio de 2024 reflejó un aumento de 20.9 millones en el sueldo bruto, principalmente debido al incremento en el salario de funcionarios permanentes, que aumentó en 19.5 millones de dólares”.
Para la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Giulia De Sanctis, “el aumento de la planilla fue una decisión política del gobierno anterior, supuestamente para promover el consumo, pero con fines evidentemente clientelistas”.
“La gran mayoría de la planilla proviene de un exceso de instituciones que duplican funciones. Por ello, antes de pensar en despedir funcionarios, habría que repensar el Estado, sus diversas entidades, y analizar la funcionalidad y objetivos de cada una en función del plan de desarrollo del país”, explicó De Sanctis.
Añade que el objetivo debería ser un Estado más pequeño y funcional, que atienda las necesidades de los ciudadanos. Aunque reconoce que alcanzar este objetivo tomará tiempo, señala que es una tarea necesaria para el beneficio de todos.
Recorte sin caos
Al ser cuestionado sobre cómo manejará la planilla estatal la administración del presidente José Raúl Mulino, el ministro del MEF, Felipe Chapman, comentó que, a pesar del tamaño y peso de la planilla, el Gobierno no aplicará una reducción drástica, sino que será un proceso progresivo.
Indicó que aplicar grandes recortes, como están haciendo países como Argentina, sería caótico y traumático. Por lo tanto, Chapman señala que el plan, tal como se plasmó en la estrategia fiscal y de crecimiento para el quinquenio, buscará amortiguar la disminución de la planilla estatal con la generación de puestos de trabajo en el sector privado.
“Lo que no queremos es que salgan del sector público y queden desempleados, sino que ingresen al sector privado con mejores sueldos”, dijo Chapman, quien agregó que se implementará un plan de capacitación para mejorar la inserción de los trabajadores en el sector privado.
El consultor en materia laboral y asesor empresarial, René Quevedo, opina que la estrategia del pasado gobierno se basó en subsidios, incremento de la planilla y el programa de vacunación, con la finalidad de enmascarar la pérdida de capacidad de la economía para generar empleos de calidad.
Indica que las cifras oficiales señalan que, entre agosto de 2019 y agosto de 2023, se perdieron 19,812 empleos asalariados del sector privado, pero se agregaron 36,482 funcionarios a la planilla estatal y 49,039 nuevos trabajadores informales a la economía.
Para Quevedo, la capacidad del Gobierno para estimular la generación de empleo en la economía dependerá de la velocidad con la cual se pueda inyectar liquidez. Por ello, ve como positivo el anuncio reciente de Chapman de pagar 877 millones de dólares a proveedores del Estado, ya que esto generará confianza en el clima de inversión en el país.
Sobre la alta informalidad en la economía, Quevedo indica que esta solo se reducirá en la medida en que mejore la confianza y la inversión privada. Por el momento, destaca que la economía no está generando el mismo volumen de empleos formales que en 2019.
Cifras del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral indican que, en el primer semestre, el número de nuevos contratos laborales estuvo un 39% por debajo del mismo período de 2019, mientras que los financiamientos bancarios al sector productivo entre enero y junio no superaron el nivel previo a la pandemia.
