La compra de BlackRock-TIL de las terminales portuarias de Hutchison ha reavivado el debate sobre la construcción del puerto de Corozal en Balboa. La iniciativa, que aparece en el plan de gobierno del presidente José Raúl Mulino, vuelve a salir a la palestra en un contexto de cambios en el sector portuario y logístico del país.
El proyecto original, impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), buscaba consolidar una terminal de contenedores en Corozal. Sin embargo, diversas demandas presentadas por abogados y la misma Panama Ports Company —que opera los puertos de Balboa y Cristóbal— frenaron el interés inicial y la concreción de la obra.
El modelo de la obra se desarrollaría bajo una concesión a 20 años renovables, tiempo durante el cual el operador pagaría un canon a la ACP por el uso de la tierra que comprende 116 hectáreas, que son propiedad del Canal.
En una entrevista con La Prensa, el exadministrador del Canal, Jorge Luis Quijano, reconocido por su amplio conocimiento en materia portuaria, destacó que la transacción de BlackRock implica la compra del 90% de las acciones de Panama Ports Company, mientras que el 10% restante corresponde al Estado.
Quijano recordó que la discusión sobre la terminal de contenedores en Corozal ya se había planteado antes del inicio de la ampliación del Canal, obra que se inauguró en junio de 2016, lo que ahora reabre la posibilidad de revisar y actualizar el proyecto. En este sentido, enfatizó que la posibilidad de que se construya el puerto de Corozal “se vislumbra ahora como una oportunidad para modernizar y potenciar nuestra infraestructura portuaria”.
Destacó también el papel de importantes actores internacionales en el ámbito portuario que ya han mostrado interés en invertir en Panamá. Quijano mencionó a grandes navieras, como Maersk, que, con su experiencia en operaciones portuarias, podría impulsar este proyecto y generar sinergias que beneficien a Panamá en un mercado cada vez más competitivo.
Con la transacción de BlackRock y Terminal Investment Limited (TIL), el brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC), la empresa naviera que actualmente opera en la terminal de PSA en Rodman, obtendrá ahora el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, donde el principal cliente es la danesa Maersk.
Con ello se abre la oportunidad de que Maersk, principal competidor de MSC, se interese nuevamente en tener su propio puerto en Panamá, que podría ser Corozal.
La reactivación de Corozal ya se trató en julio de 2019, a los pocos días de que el expresidente Laurentino Cortizo tomara posesión. En esa fecha, Cortizo se reunió con representantes de Maersk, quienes expresaron interés en participar en inversiones en el país, incluyendo el proyecto de Corozal. Sin embargo, el tema no avanzó más allá de esa conversación.
En abril de 2016, el operador portuario de Maersk, APM Terminals B.V., fue una de las cuatro empresas que precalificaron junto a Terminal Link, PSA International Pte y Terminal Investment Limited, S.A. para participar en la licitación. No obstante, ninguna de las empresas precalificadas presentó propuestas el día de la licitación el 3 de marzo de 2017. Desde entonces, el tema no se ha vuelto a tratar y los terrenos han permanecido ociosos.
En cuanto al impacto económico de la operación de compra de Hutchison, Quijano señaló que “en este momento no veo que vaya a tener ningún impacto real, ya que se trata de una simple reestructuración accionaria en la que el Estado continúa participando de manera minoritaria”. Pero sí cree que se debe revisar el contrato con miras a lograr mejores beneficios para el país.
El exadministrador también advirtió sobre las aristas legales que se desprenden de esta transacción. Recordó que se lleva a cabo una auditoría —liderada por el contralor general de la República— que podría evidenciar que el contrato de renovación automática, firmado hace más de 20 años, no refleja los cambios que supuso la ampliación del Canal de Panamá y la llegada de buques de mayor capacidad.
Por otro lado, el exadministrador enfatizó la necesidad de renegociar el contrato vigente con Panama Ports Company. Señaló que, a pesar de que la transacción actual podría generar una nueva relación operativa, es imprescindible revisar la transparencia y las condiciones económicas del acuerdo para que el Estado reciba los beneficios que le corresponden, incluyendo ingresos directos por el subarrendamiento de terrenos dentro de la concesión.
En conclusión, Quijano afirmó que la reactivación del proyecto del puerto de Corozal se perfila como una oportunidad estratégica en medio de un panorama portuario en transformación. Sin embargo, el futuro de la iniciativa dependerá del resultado de las auditorías a Panama Ports Company y de la capacidad de negociar condiciones que reflejen la realidad actual del comercio marítimo y las necesidades del país.
