La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) autorizó este miércoles 23 de junio la renovación automática del contrato con la empresa Panamá Ports Company (PPC,) para operar los puertos de Balboa y Cristóbal por otros 25 años o hasta 2047.
La directiva, que preside el ministro de la Presidencia y vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, o en su ausencia el viceministro o el administrador de la AMP, se mantenía en sesión permanente desde el 27 de mayo, cuando se filtró un borrador de comunicado que autorizaba certificar la renovación de la concesión. La decisión adoptada este miércoles fue apoyada unánimemente por la junta directiva.
La AMP calcula que, con la renovación, el Estado recibirá de PPC más de $800 millones, en los próximos 25 años.
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Comunicado de PPC (1).docx“En este segundo período de vigencia la empresa deberá pagar al Estado en concepto de dividendos un mínimo de 7 millones de dólares anuales, el cual se formalizará a través de la firma de un acuerdo de accionistas y serán revisadas y actualizadas las tarifas por movimiento de contenedores de todas las terminales de contenedores de la República de Panamá las cuales serán efectivas a partir del 2022″, señala una nota de prensa de la AMP.
El boletín de la AMP indica que PPC ha pagado poco más de $444.9 millones en tasas y tarifas; ha realizado una inversión de $1,696 millones, y ha entregado dividendos al Estado panameño (dueño del 10% de las acciones de la empresa) por $9 millones, desde 1997, cuando recibió la concesión, en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994-1999). El primer pago de dividendos se realizó en 2015 (18 años después de empezar a operar los puertos), por $1 millón.
Pero la AMP, en su comunicado de prensa, indica que “durante la presente administración presidencial, en fiel seguimiento al cumplimiento de este contrato, gestionó que se realizará un pago de 130 millones de Balboas en concepto de dividendos”.
Según la Contraloría General de la República, la empresa tuvo en 23 años y cinco meses, ingresos acumulados por $4 mil 345 millones y realizó desembolsos por $3 mil 435 millones, con una utilidad acumulada de $909 millones 991 mil.
Con base de estos resultados, el Estado debía haber recibido más de $90 millones, es decir, se dejaron de pagar unos $82 millones de los dividendos que le correspondían al Estado por el 10% de las acciones.
