La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, presentó este lunes 13 de julio, de forma virtual ante la Asamblea Nacional, el proyecto de ley que establece medidas laborales hasta el 31 de diciembre que −según el Ejecutivo− intenta garantizar la estabilidad de los trabajadores y de las empresas que se han visto afectados por la pandemia respiratoria del coronavirus (Covid-19).
El proyecto permite que las empresas puedan extender hasta el 31 de diciembre la vigencia de los contratos suspendidos, que a la fecha suman más de 260 mil en todo el país.
Sectores como el turismo, que se mantiene paralizado desde finales de marzo, habían solicitado al Gobierno que se les permitiera extender la suspensión de los contratos hasta fin de año.
El artículo 2 del documento presentado por Zapata establece que los empleados podrán extender cada 30 días la suspensión de los contratos hasta el 31 de diciembre 2020.
El artículo 8 aborda el pago de la segunda y tercera partida del décimo tercer mes estableciendo una remuneración de 50 dólares para los trabajadores que tienen suspendidos sus contratos entre el 15 de abril y el 15 de agosto. Aquellos que trabajaron de forma intermitente en igual periodo de tiempo recibirán 50 dólares o el pago proporcional al tiempo laborado, según sea la cifra más alta.
Esta fórmula también se utilizará para el pago de la tercera partida del décimo durante el mes de diciembre.
En relación al fuero maternal, la norma propuesta por la ministra de Trabajo establece que la suspensión de contratos no altera el fuero maternal; además señala que la prima de antigüedad de los trabajadores se calculará en base a los salarios percibidos durante los seis meses previos a la declaratoria de emergencia o según el último salario percibido, pero siempre tomando en cuenta la cifra más alta en favor del trabajador.
Además del anteproyecto laboral, el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, presentó el anteproyecto de ley que establece el régimen Especial para el Establecimiento y la Operación de Empresas Multinacionales para la Prestación de Servicios Relacionados con la Manufactura (Emma).
Según Martínez, con este proyecto se busca emular “el esquema exitoso” del régimen de las Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), pero “enfocado en un sector económico que podría tener un alto impacto en la generación de empleos y transferencia de conocimientos tecnológicos”.
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Bajo este nuevo régimen fiscal estarían las actividades relacionadas a la manufactura, ensamblaje, remanufactura, acondicionamiento, mantenimiento y reparación de productos, además de servicios logísticos, entre otros.
