El presidente de la República, Laurentino Cortizo sancionó recientemente el proyecto de ley 598, que regula el cabotaje y las actividades de comercio interior en las aguas jurisdiccionales de Panamá.
Con esta iniciativa se busca establecer controles para regular la industria marítima auxiliar, brindar estabilidad a la mano de obra panameña, garantizar la seguridad de la vida humana y la carga en el mar, así como la protección del medio marino.
Rodrigo Hernández, presidente de la Asociación de Armadores Panameños (ARPA), señaló que esta ley de cabotaje representa “un hito en la historia marítima de Panamá”, al colocar al país al nivel del 80% de las naciones del mundo que tienen una legislación como esta.
“Esta ley permea toda la actividad de cabotaje del país y sobre todo en las provincias y los segmentos que van desde cargas pequeñas, hasta las cargas grandes de aquellos armadores que traen ganado, pesca y productos agrícolas, hasta aquellos que trabajan en las industrias marítimas auxiliares a lo largo del Canal y que prestan los servicios gracias a que tenemos una posición geográfica privilegiada”, dijo Hernández.
Por su parte, el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Enrique Clement, indicó que la ley de cabotaje brindará una normativa legal para que se pueda competir de manera justa, con el panorama claro y “no como lo que se está haciendo hoy en día”.
Esta nueva ley dispone que las naves que brindan servicios bajo licencias de operación para servicios marítimos auxiliares deberán estar registradas bajo la bandera panameña. También fija que la tripulación de naves que presten servicios marítimos auxiliares deberá estar integrada por al menos 90% de nacionales panameños.
Durante la discusión de este proyecto, especialistas vinculados con la industria logística manifestaron que esta norma sería un impedimento a la inversión extranjera, mientras que otros expresaron su conveniencia porque impulsará el desarrollo del sector marítimo a través de un marco jurídico con reglas justas.
