Justo cuando termina su mandato, la administración de Laurentino Cortizo ha hecho un presupuesto general del Estado que implica una maniobra financiera de $4,092 millones. ¿De qué se trata? Y, ¿por qué lo han hecho?
El enorme monto es la cantidad de dinero que no se ejecutará al finalizar el año 2024, según los entendidos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), porque en un año electoral se ralentiza todo el aparato estatal y, por ende, no hay forma de que se ejecuten todos los planes que se han trazado.
Pero cuando se analiza el presupuesto general del Estado en su conjunto, lo que en realidad salta a la vista en el documento enviado a la Asamblea Nacional es que esa subejecución se dará porque los ingresos proyectados no pueden cubrir todos los gastos estimados, a menos que se rebase, por enorme distancia, lo que dictamina la Ley 34 de 2008 sobre Responsabilidad Social Fiscal y el déficit no sea del 2%, sino del 6.7%.
Los ingresos totales del sector público no financiero se calculan en $17,750 millones para 2024, lo que equivale a un alza de $1,113 millones con respecto al presupuesto de 2023.
En tanto, los gastos totales del sector público no financiero calculados para el próximo año llegan a $23,602 millones, lo que representa $3,791millones (19.1%) más que en 2023.
En la fórmula de ingresos menos gastos, el próximo año el Estado se enfrentaría a un balance negativo de $5,851 millones, por lo que se ha incluido en el renglón de “ajustes” la mencionada subejecución por $4,092 millones para poder que el déficit sea menor y se cumpla con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
En presupuestos anteriores, esa falta de ejecución siempre ha existido, pero nunca con cifras tan altas.
Por ejemplo, en el presupuesto de este 2023, la falta de ejecución estimada fue de $981 millones. Por tanto, el llamado “ajuste” de 2024 será de $3,111 millones adicionales, en comparación con 2023.
Esto significaría que mientras que en la Asamblea Nacional se discute un presupuesto que asciende a $32,754.5 millones (excluyendo las transferencias entre entidades), lo que representa un incremento de $5,170 millones comparado con el presupuesto modificado del 2023, en las entrañas del Gobierno se sabe que será imposible -por lejos- hacer todo lo que indican los planes de cada entidad.
De esa partida de no ejecución presupuestaria por $4,092 millones no se ha pronunciado el MEF.
De hecho, el tema ha pasado inadvertido en todas las sustentaciones del presupuesto en la Asamblea Nacional (AN), donde cada entidad justifica sus proyectos de inversión y pelea por la asignación de más fondos.
El pasado jueves, la Comisión de Presupuesto de la AN recomendó un cambio al proyecto de ley 1041, que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal del año 2024. Se trata de un ajuste de $780.2 millones, de los cuales $53.4 millones son a favor de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND). No se entiende si es un incremento o un traslado de partida para quitarle a una entidad y beneficiar a otra. En el tema presupuestario, la palabra “ajuste” parece tener varios significados.
La posible estrategia financiera
La pregunta de rigor en este tema es para qué se quisiera planificar un presupuesto sobrestimado por un monto de $4,092 millones, cuando lo lógico es preparar un presupuesto más realista.
“Lo que están buscando es tener un presupuesto más grande para poder gastar más en el primer semestre”.
Dulcidio De La Guardia, exministro de Economía
El exministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, explicó la estrategia detrás de dicho movimiento. No se trata de un error de cálculo.
“Recuerda que la Ley de Responsabilidad Social Fiscal establece que, en el año electoral, el gobierno saliente solamente se puede gastar el 50% de los gastos de funcionamiento, lo que llaman los gastos corrientes. Por consiguiente, si tienes un presupuesto más grande, en teoría, en el primer semestre te puedes gastar más plata, que es lo que va a ocurrir”, recalcó.
Esto significaría que el llamado “ajuste” de subejecución recaería sobre la administración entrante, que inicia funciones el 1 de julio de 2024.
Lo más probable es que el nuevo Gobierno tenga que hacer en el segundo semestre del año en el 2024 una contención de gasto público muy importante para poder llegar a la meta de déficit fiscal del 2% establecida en la Ley 34 de 2008. " Se tendrá que tomar esa decisión o modificar la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. O hacer ambas cosas a la vez”, dijo De La Guardia.
El proyecto ley de presupuesto para la vigencia fiscal 2024, cumple con lo estipulado en la Ley 34, de Responsabilidad Social Fiscal, que establece el límite máximo de déficit fiscal de 2% con relación al Producto Interno Bruto (PIB). También se contempla, la asignación de los gastos de operaciones, en forma proporcional, en un 50% para cada semestre, excluyendo los intereses de la deuda que se atienden según su programación.
Posición del MEF en el presupuesto del Estado
De acuerdo con el financista, el recién estrenado presidente del país tendría menos de seis meses para llegar a la meta de déficit en 2024.
En este escenario, habría dos alternativas, una más realista que la otra. La primera es hacer una contención de los gastos, porque del lado de los ingresos es poco probable que estos se puedan duplicar. La otra es emprender una reforma fiscal que tendría que pasar por la Asamblea Nacional, para que el Gobierno aumente sus ingresos, pero entre discusiones y aprobaciones se perdería mucho tiempo.
¿De qué tamaño sería esa contención?
“No lo podría decir en este momento, pero seguramente será importante”, dijo De La Guardia.
Otro ingrediente adverso para las finanzas públicas en 2024 es la crisis del sistema público de pensiones.
El subsistema exclusivamente de beneficio definido se quedó sin reservas para hacerle frente al pago de las pensiones de los jubilados que forman parte de dicho programa de la Caja de Seguro Social (CSS).
Al año se pagan más de $2,000 millones y los aportes en concepto de cuota obrero-patronal cubren apenas la mitad de esos pagos.
Se estableció un diálogo fallido para buscar una solución, por lo que el gobierno de Cortizo terminó su gestión sin siquiera discutir las posibles salidas a la crisis.
El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, ha comentado por más de tres años del lastre que representó para la administración de Cortizo las cuentas por pagar que heredaron del gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019).
También se ha lamentado del enorme desbalance que representó la pandemia de la covid-19 y el deterioro que sufrió la economía.
A manera de carta de presentación, Alexander también menciona el superávit en el que dejó el país cuando fue ministro en la administración del presidente Martín Torrijos (2004-2009).
Falta ver cómo enfrentarán en el MEF la ejecución del presupuesto durante los primeros meses de 2024, los cuales coinciden con la campaña electoral, en la que el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) lógicamente busca reelegirse por cinco años más.
“Si continúan los crecientes déficits fiscales, lo más probable es que tengamos una rebaja en la calificación y se pierda el grado de inversión”, pronosticó De La Guardia.
¿Cómo afecta al panameño esa pérdida de grado de inversión?
El exministro Dulcidio De La Guardia explicó que en la medida de que se siga dando un deterioro fiscal, se impacta la capacidad de la República de Panamá de hacerle frente a sus obligaciones en los mercados financieros. Aumenta la percepción de riesgos sobre el país y aumenta la tasa de interés. A todos los panameños nos va a costar más el dinero y los financiamientos cuando pedimos dinero prestado. Todo será mucho más caro y por consiguiente, eso tiene un impacto en el crecimiento de la economía.
