La Asociación de Promotores de Vivienda de Azuero (Aproviva) solicitó al Gobierno que la incluya en los programas de reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto.
El gremio planteó que parte de la solución habitacional podría encontrarse en proyectos residenciales que ya están construidos y disponibles para su ocupación en distintas comunidades de la región.
Rosa María Espino, presidenta del gremio, explicó en entrevista con La Prensa, que actualmente cuentan con un inventario aproximado de 150 viviendas, con precios que oscilan entre $50,000 y $60,000, distribuidas en desarrollos urbanísticos de Ocú, Guararé, Las Tablas, Chitré y áreas aledañas.
La dirigente considera que estas propiedades representan una alternativa que debería evaluarse dentro de los planes de atención a las familias que perdieron sus hogares, especialmente porque se encuentran en zonas urbanizadas y cuentan con infraestructura desarrollada.
“Nosotros tenemos un inventario de casas. Si bien son un valor más elevado que una casa de Techos de Esperanza, pero también te ofrece otras cosas, te ofrece nuevas oportunidades, te ofrece infraestructura lista, completa, un entorno completamente diferente”, manifestó Espino.
La propuesta contempla que el Estado contribuya a la adquisición de estas propiedades, previa identificación de las familias interesadas en trasladarse a otros sectores.
“Claro, habría que hacer un cuestionario, un censo de qué personas estarían dispuestas a mudarse de las áreas afectadas hacia las áreas urbanizadas”, indicó.
Espino señaló que la reubicación también podría representar nuevas oportunidades para las familias, pero reconoció que la decisión debe evaluarse tomando en cuenta sus necesidades y disposición a trasladarse.
El plan del gobierno es construir un total de 2,700 soluciones habitaciones para las familias afectadas por el terremoto del 9 de octubre. En uno de los balances del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se indicó que estaban afectadas 9,124 viviendas, algunas con daños moderados y otras con daños estructurales severos.
De esa cantidad, 2,318 casas presentan pérdida total; 5,546 tienen afectaciones moderadas o parciales, y 1,260 registran daños leves o menores.
Piden participación en la reconstrucción
La presidenta de Aproviva explicó que, hasta el momento, ninguno de los miembros del gremio participa formalmente en el programa gubernamental de reconstrucción de viviendas.
Aunque sostuvieron una reunión virtual con representantes del Ministerio de Vivienda y reordenamiento Territorial (Miviot), todavía esperan respuestas sobre los mecanismos de contratación, las condiciones de ejecución de las obras, las garantías exigidas y los plazos de pago.
“Nosotros actualmente como asociación no tenemos a ningún agremiado dentro del programa del Miviot, digámoslo así, o de reconstruir nada”, afirmó.
Según explicó, durante los primeros acercamientos se les planteó la posibilidad de participar en reparaciones o remodelaciones de viviendas afectadas, pero no en la construcción de nuevas unidades desde cero.
Se conoció que el Miviot indica que una remodelación puede tener un costo de entre $8,000 y $12,000 mientras que las viviendas nuevas que están construyendo van entre $25,000 y $28,000 y hasta un máximo de $32,500.
Falta de fianza para participar
Uno de los principales obstáculos señalados por Rosa Espino es la exigencia de fianzas de cumplimiento, que obligaría a los promotores a disponer de recursos financieros adicionales para acceder a los contratos.
“Ellos nos explicaron que nos iban a dar 50 casas por promotora, pero esas 50 casas, evidentemente, pues tienen una, deben cumplir con fianzas de cumplimiento”, expresó.
Agregó que estas condiciones representan una dificultad para las empresas de la región, que ya enfrentaban una fuerte contracción en las ventas antes del terremoto.
Espino desconoce si la modificación del fideicomiso de la emergencia que administra el Banco Nacional de Panamá, puede ayudar a la fianza de las promotoras.
El gremio también mantiene acercamientos con la iniciativa privada Reconstruye, mediante la cual espera contribuir con logística, materiales y mano de obra local para la construcción de viviendas destinadas a las familias damnificadas.
Espino insistió en que la recuperación habitacional también puede convertirse en una oportunidad para generar empleos y movilizar la economía de las comunidades afectadas.
“Nos gustaría, pues, poder participar o que se nos tome en cuenta desde ese punto de vista”, expresó.
