El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate, el pasado martes 20 de septiembre, el proyecto de ley 462 que propone brindarle liquidez inmediata a todos los proveedores de las entidades del Estado.
El proyecto, enviado al día siguiente al Ejecutivo para su veto o sanción, permitiría que los proveedores reciban el pago por bienes y servicios, a través de la figura de fideicomisos privados, sin que el Estado tenga que endeudarse, incurrir en gastos de intereses o gastos de estructuración de deudas.
Se estima que un alto porcentaje de los proveedores del Estado son pequeñas empresas que por la estructura financiera que tienen necesitan tener liquidez para seguir funcionando.
La iniciativa presentada por el diputado Raúl Pineda, propone certificar con fideicomisos las deudas públicas internas con proveedores de bienes, obras y servicios del Estado como medida de reactivación económica.
En uno de sus artículos se ordena a todas las entidades del Estado afiliarse a fideicomisos privados, debidamente regulados por la Superintendencia de Bancos, para certificar la existencia de deuda pública internas con sus proveedores, sean personas naturales o jurídicas.
La norma establece algunas condiciones de tiempo para que se ejecuten los pagos.
Si la entidad del Estado tiene buena liquidez, podrá pagar la deuda pública interna certificada a dicho fideicomiso privado en 180 días calendario, desde la fecha de certificación, caso en el cual la entidad del Estado recibirá el 50% del margen de ganancia como bonificación por haber certificado la deuda. Si la entidad del Estado no tiene buena liquidez podrá pagar la deuda interna certificada en 270 días calendario.
Indica que el sistema establecido en el proyecto de ley no representa para el Estado incremento de la deuda pública interna con proveedores, dado que es simplemente la cesión de la cuenta por pagar ya existente y presupuestada a un fideicomiso privado.
