El 30 de diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia, a través del edicto N° 3556 reafirmó la validez del estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto Puerto Barú, ubicado en la provincia de Chiriquí.
La decisión de los magistrados desestimó la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución N° DEIA-IA-0003-2024, del Ministerio de Ambiente que aprobó el EIA del proyecto, presentada por diversas organizaciones ambientales lideradas por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) y Adopta el Bosque Panamá, entre otras.
Por un lado, la Cámara Marítima de Panamá destaca que el pronunciamiento de la Corte refuerza la seguridad jurídica, posiciona a Panamá como un hub logístico moderno y fomenta el desarrollo económico de la región occidental.
“La aprobación del estudio de impacto ambiental en cuestión es resultado de un análisis técnico y científico por parte de las autoridades competentes, lo que constituye evidencia fehaciente de que se ha cumplido con las disposiciones ambientales”, afirma el gremio en su comunicado.
Ante la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no acceder a la solicitud de suspensión provisional del proyecto Puerto Barú, comunicamos nuestra perspectiva. @DigeronimoJose pic.twitter.com/UR0mt87ozh
— Cámara Marítima (@camaramaritima) January 4, 2025
A su vez, Juan Arias, presidente de la Camara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), celebró la decisión de la Corte, alegando que la “inversión americana es clave para el desarrollo de la región occidental del país, reforzando la conectividad y fortaleciendo los lazos económicos con los Estados Unidos”.
Esta importante inversión americana es clave para el desarrollo de la región occidental del país, reforzando la conectividad y fortaleciendo los lazos económicos con los #EEUU. Generará empleos, bienestar y oportunidades que beneficiarán a Panamá en su conjunto. 🧵 2/2
— Juan A. Arias S. (@juanariaspty) January 4, 2025
Sin embargo, las organizaciones ambientales sostienen que el proceso estuvo plagado de irregularidades, incluyendo una supuesta “simulación de consulta pública”.
La abogada Joana Abrego, apoderada de las organizaciones demandantes, previamente había afirmado a La Prensa, que la decisión de la Corte era “terrible” para los manglares de David.
Para Abrego suspender provisionalmente el EIA hubiera permitido proteger estos ecosistemas mientras se evaluaba la legalidad del estudio, sin embargo, añadió que “la buena noticia es que esta es solo una decisión accesoria”.
“La Corte aún tiene la oportunidad de proteger estos ecosistemas si admite y sustancia rápidamente la demanda, interpuesta hace ya 4 meses, antes de que varios permisos necesarios para la construcción del puerto sean emitidos”, afirmó.
El EIA fue aprobado por el Ministerio de Ambiente (Miambiente), e implica el dragado para la construcción de un canal de 31 kilómetros suficientemente profundo para la navegación de barcos para el trasiego de mercancías, hidrocarburos y personas dentro de un área protegida que contiene el 25% de la superficie de manglares de todo el país.
Se proyecta que esta iniciativa generará 1,200 empleos directos durante su construcción y 1,000 adicionales en su operación y cuente con una inversión privada estimada en $250 millones.
La resolución del Miambiente, firmada por el entonces ministro Milciades Concepción, con fecha del 16 de enero de 2024, aprobó el EIA Categoría III, denominado proyecto Puerto Barú, con todas las medidas contempladas en el referido estudio.
