El banquero Roberto Brenes fue designado como representante del Estado panameño en la junta directiva de Panama Ports Company (PPC) desde julio del año pasado.
No obstante, en el portal de consultas electrónicas del Registro Público no figura su nombre. En su lugar, aparece José Alejandro Rojas Pardini, ministro consejero de inversiones en el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024).
El Estado panameño tiene una participación accionaria del 10% del capital de PPC, una filial de Hutchison Ports, un conglomerado de empresas de logística, puertos y transporte marítimo con orígenes en Hong Kong. Por tanto, corresponde al órgano Ejecutivo nombrar a un miembro en la junta directiva de PPC.
El 25 de julio de 2024, el presidente José Raúl Mulino designó a Roberto Brenes en ese puesto, en reemplazo de Rojas Pardini. Así quedó consignado en el Decreto Ejecutivo No. 439, que también firmó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.
Se desconoce por qué aún no es visible la designación de Brenes en el Registro Público, puesto que incluso ya habría participado en algunas reuniones de junta directiva. Como presidente de PPC figura Jorge Lecona Ruiz, quien es el managing director de Hutchison para América Latina y el Caribe.
Rojas Pardini, como representante del Estado panameño, fue parte de PPC cuando la operadora solicitó y obtuvo una prórroga automática de su contrato de concesión en 2021. Recientemente, el contralor Anel Flores anunció una auditoría forense “severa” que cubrirá toda la vigencia del Contrato Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, que otorga a PPC la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.
Según Flores, desde que obtuvo la prórroga, PPC ha pagado “cero” al Estado panameño.
“Tienen tres años que no han dado un centavo”, remarcó y agregó que no sabía en qué se habían gastado los $35 millones que PPC entregó en concepto de “dividendos adelantados”, a petición del gobierno de Cortizo.
“Que paguen lo que deben. Llevan tres años sin pagar un dólar, con el pretexto de un adelanto al gobierno de Nito Cortizo. Tienen tres años en cero”, afirmó Flores, quien ordenó una auditoría forense “severa” sobre la relación contractual con PPC.
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PPC replicó que, desde 2022, cuando entró en vigencia la renovación de su concesión, ha pagado $59 millones (que incluyen los $35 millones en “adelanto”) al Estado. En total, la empresa alega que, en 28 años, ha entregado $658 millones y realizado inversiones por $1,685 millones.
Además, hay una demanda de nulidad que presentó el abogado Roberto Ruiz Díaz contra la resolución de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que concedió una prórroga automática de 25 años al contrato ley de 1997.
