Dice Luis Cucalón que lo fueron a buscar a Medellín, Colombia, porque no había otra persona capacitada para administrar la Dirección General de Ingresos (DGI), y que lograra saldar la alta morosidad de los contribuyentes con el Estado.
Con su experiencia en temas contables y financieros y un estilo frontal y sin filtro, el elegido por el presidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009–2014) respondía al llamado del entonces ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, y se disponía a dar el salto a la vida pública.
A los pocos meses de asumir el cargo, Cucalón celebraba que había logrado reducir la morosidad casi a la mitad, que despidió a unos 130 funcionarios por casos de corrupción en la DGI y de que “o me pagas o te entro a palazos”.
Era un temerario recaudador de impuestos, al que solo le importaba cobrar. Casi que con un mazo en la mano, amenazaba a los contribuyentes, hacía alcances fiscales a detractores políticos del entonces gobernante Cambio Democrático, y gritaba insultos.
Su misión, según hacía ver, era recaudar miles de millones de dólares para sufragar las inversiones que prometió su jefe, el expresidente Martinelli.
Así fue que en 2010 justificó el contrato de Cobranzas del Istmo, S.A., empresa que tenía como misión recaudar impuestos morosos a cambio de comisiones de hasta 30%.
Al cabo de cuatro años, Cobranzas del Istmo había sumado $47 millones en concepto de comisiones.
Cristóbal Tobín Salerno y su parentela eran los accionistas visibles de la empresa que facturó millones de dólares a raíz de su contrato con el Estado.
Hoy, investigaciones de inteligencia de la Unidad de Análisis Financiero revelan que Salerno entregó $5.8 millones a empresas cuyos directivos son los hijos de Cucalón.
El exfuncionario reconoció los cheques que recibió como un compromiso “particular”.
Casi seis años después de llegar al Gobierno por la puerta grande, el recaudador de impuestos de Martinelli se encuentra detenido por la presunta comisión del delito de peculado.