La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por un monto de $800,000 a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) este jueves 10 de abril, dentro del que se encuentra un rubro destinado a las consultorías.
Pero surgió una contradicción cuando el administrador de la Anati, Andrés Pagés Chanis, inició su sustentación. Mientras indicó que ha reducido la planilla de personal transitorio de la entidad en un 30% desde que asumió el cargo en julio de 2024, argumentó que hay necesidad de que los fondos ahorrados se destinen a un rubro de consultorías para la contratación de una empresa o la tercerización del trabajo que realizaban los antiguos funcionarios de la entidad.
Sobre el traslado, Pagés Chanis indicó en la Comisión que “es para contratar una empresa o tercerizar el tema de los barridos catastrales. La tercerización se hace para tener una fiscalización real sobre los barridos [catastrales] que se realizaban, porque anteriormente, cuando lo hacía personal de la institución, muchos de ellos no eran funcionales y no se pueden utilizar hoy en día”.
Aunque no se detalló cuánto representa en ahorro la reducción de personal transitorio, el monto solicitado para consultorías —incluido un rubro para sueldos— generó cuestionamientos.
En el sustento del traslado se desglosa que, dentro del rubro de consultorías, se especifican $450,000 para personal transitorio para inversión, otros $200,000 también para personal transitorio, y unos $150,000 para sueldos.
Para la ejecución de los barridos catastrales, se especifican servicios como: planificación y técnica de barrido, levantamiento catastral en campo o procesamiento y análisis técnico. Pero, de acuerdo con Pagés Chanis, no hay personal en Anati con capacidad para atender estos servicios.
De acuerdo con la Ley 59 de 2010, que crea la Anati, un catastro es el censo de fincas y predios de un país, por lo que el barrido catastral permite a la entidad obtener datos de puntos colindantes entre distintos terrenos para facilitar la adjudicación o titulación de tierras, así como administrar de forma más eficiente las tierras.
Cuestionamientos
El diputado Betserai Richards cuestionó que se destinen estos montos a consultorías y no se supla el trabajo a través de personal contratado directamente por Anati. Ante el señalamiento, Pagés Chanis sustentó que la diferencia se encuentra en la “fiscalización” y señaló que hubo exfuncionarios que no terminaban los trabajos y que no se podían justificar en la planilla.
En este caso, el administrador de Anati informó durante la sesión que se trata de barridos catastrales destinados a la titulación de tierras en el área de Coclé.
Por su parte, el diputado Jorge González se sumó a los cuestionamientos, pidiendo información sobre la titulación y venta de terrenos en el sector de Río Indio, provincia de Coclé, preocupado por cómo se está dando el proceso, puesto que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) adelanta un proyecto de embalse en ese sector que contempla indemnizaciones a los propietarios de tierras.
Pagés Chanis indicó que están trabajando en conjunto con la ACP, pero que los barridos en el sector terminan registrados en Anati. “Lo que estamos haciendo en Río Indio es que en todas las titulaciones que se están dando ahí se le está poniendo una marginal de intransferibilidad a terceros para evitar la especulación en ese tema (...). Es simplemente para evitar la transferibilidad”, señaló.
¿Austeridad?
En la Anati, la barrida de personal ha sido frontal. En agosto de 2024, a un mes de haber asumido el cargo, la administración de Pagés Chanis separó a un total de 178 funcionarios, entre esos 148 catalogados como ‘botellas’, luego de la creación de un canal de denuncias de actos de corrupción a través de correo electrónico, al que Anati atribuye haber contribuido para adelantar investigaciones de funcionarios botellas.
Precisamente, el traslado de partida se da en medio de un proceso en que la actual administración gubernamental del presidente José Raúl Mulino, ha defendido la reducción del gasto en planillas y botellas, no obstante, hay interrogantes sobre si su implementación representa un cambio real, o simplemente hay cambios en la modalidad de contrataciones.
A pesar de los cuestionamientos, el traslado de partida fue aprobado en la Comisión de Presupuesto con ocho votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.
