El sector empresarial reaccionó a las pretensiones de los sindicatos, que a través de los representantes del sector trabajador en la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) buscan discutir y votar a lo interno del colegiado un borrador de recomendaciones para reformar la ley orgánica de la entidad.
El lunes 7 de noviembre el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) presentó formalmente una propuesta para reestructurar el sistema de pensiones.
Enviaron a la junta directiva de la CSS un documento detallado de su proposición, que consiste en implementar un sistema de pensiones basado “en la integración, mejoramiento y fortalecimiento de tres pilares que ya existen en Panamá”.
Así las cosas, en la víspera de la reunión extraordinaria de junta directiva, celebrada ayer 8 de noviembre, colisionaron dos proyectos de reforma, totalmente opuestos.
Los sindicatos propusieron desde hace una semana cambios financieros y la inclusión de ingresos adicionales al subsistema exclusivamente de beneficio definido Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Mencionaron modificaciones legales para que ingrese al IVM el 10% de los ingresos que percibe el Estado de la actividad minera, además del 10% de los ingresos que percibe el Estado en materia de concesiones de telecomunicaciones y el 10% de los aportes del Canal de Panamá. También quieren tasar las operaciones del ferrocarril y que con todos esos fondos se financie el quebrado subsistema exclusivamente de beneficio definido.
Lo más relevante es que representantes de los trabajadores ayer promovían incluir la unificación del sistema exclusivamente de beneficio definido con el sistema mixto de pensiones.
Mientras que el Conep dijo en su correspondencia no estar de acuerdo con medidas “paliativas”, las cuales no atacan el problema de raíz ni resuelven la crisis financiera del IVM de forma integral y sostenible, de acuerdo con una nota firmada por el presidente del gremio, Rubén Castillo.
Dicho esto, el Conep adjuntó lo que sería el paquete de reformas que desde antes habían presentado en el diálogo por la CSS, pero que ahora toma más relevancia, dado que en el artículo 219 de la Ley 51 de 27 de diciembre de 2005, se establece que la directiva debe proponer los cambios legales necesarios, para hacerle frente al déficit decretado en el subsistema exclusivamente de beneficio definido del programa IVM. La propuesta, sin embargo, no se discutió. Solo se leyó la nota de su admisión para que constara en acta y la reunión de la directiva se centró en las aspiraciones de los trabajadores, que hoy miércoles continuarán con sus argumentos, para someterlos a votación.
Es una obviedad quela propuesta del Conep es apoyada por los representantes del sector empleador en la junta directiva de la CSS, es decir, Aida Michelle de Maduro, Camilo Valdés y Fernando Méndez.
Esta se basa en un programa de varios pilares, que incluye un primer segmento solidario no contributivo, que garantizará una pensión básica universal por un valor de $120 a los 65 años a todas las personas en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.
La administración de este pilar sería pública a cargo de la CSS, de acuerdo con lo que plantea el Conep.
En tanto, el segundo pilar dependería de las cotizaciones de los trabajadores, sería obligatorio y 100% de contribución definida con ahorro individual.
Con el fin de obtener pensiones adecuadas en el sistema de contribución definida, recomiendan establecer el traslado automático desde el subsistema exclusivamente de beneficio definido de IVM al segundo pilar a los asegurados mujeres menores a 45 años y hombres menores de 50 años, a quienes se les concederá lo cotizado con anterioridad a la fecha de traslado, mediante la emisión de un bono de reconocimiento.
Aunque no lo mencionan, se entiende que en el subsistema exclusivamente de beneficio definido solo quedará el remanente de los trabajadores que están próximos a jubilarse.
Por otro lado, sugieren el traslado automático de todos los que estén en el subsistema mixto, quienes migrarían al segundo pilar, a quienes se le reconocerá lo cotizado hasta la fecha.
Todos los nuevos asegurados a partir de la vigencia de la reforma sugerida ingresarían al segundo pilar, cuya administración sería pública o privada en competencia, “de tal forma que los afiliados puedan elegir voluntariamente la administradora de su preferencia”, proyecta el Conep en el documento enviado a la directiva de la CSS.
También indican que se aumentará gradualmente la cotización obligatoria de la cuota obrero-patronal y se contempla la afiliación obligatoria de todos los independientes e informales sin exigirles una cotización solidaria.
Es decir, que habría cambios paramétricos.
El tercer pilar lo denominan como una franja complementaria y voluntaria con enrolamiento automático
Los empleadores se obligan a inscribir a sus trabajadores de manera automática a un sistema de ahorro complementario, en el cual el trabajador tiene la opción de salirse.
Por los aportes descontados al trabajador, el empleador pondrá una suma igual hasta un porcentaje máximo del salario.
Y su administración será pública o privada, escogida por los cotizantes entre las administradoras de su preferencia.
