Tener un registro de beneficiarios finales activo, con un funcionamiento pleno e información cargada por los agentes residentes será un factor determinante para poder salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Así lo comentó a este diario Rafael Rivera, socio director de la firma BDO, un día después de conocerse la última evaluación del GAFI sobre los avances de Panamá en el cumplimiento del plan de acción para salir de la lista gris.
El organismo señaló que Panamá ha cumplido ampliamente 11 de los 15 puntos del plan de acción, e instó a las autoridades a completar el resto antes de la próxima plenaria, que se celebrará en octubre.
Rivera dijo que no es sorprendente que el país permanezca en la lista. Recordó que el plazo original para haber completado el plan de acción era enero de 2021 y que algunas de las acciones que han llevado al avance más reciente se aprobaron a finales del año pasado, como por ejemplo la Ley 254, que introdujo adecuaciones a varias leyes en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales. Una reforma de ese calibre refleja, a su juicio, que se tenían leyes que no necesariamente cumplían su objetivo.
Sobre el registro de beneficiarios finales, recordó que la norma se aprobó en 2020 pero que la implementación inició en 2022 con una primera fase o programa piloto. Para lograr un mayor avance, será clave que los agentes residentes alimenten los datos y que el Gobierno tenga herramientas necesarias para sancionar a los incumplidores y cancelar sus sociedades.
En ese sentido, apuntó que se requiere un esfuerzo técnico, humano y de recursos presupuestarios. Observa una brecha entre la urgencia que está tratando de imprimir GAFI a este asunto y la capacidad real de hacer la implementación necesaria en Panamá. Por eso, vaticina que para la revisión de octubre “no vamos a estar listos” en este aspecto.
Rivera planteó que las evaluaciones de organismos como GAFI o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no se deben entender como un examen puntual, sino que se trata de una nueva forma de introducir estándares a la hora de hacer negocios. “Si no hacemos el cambio y entendemos que esta es la nueva forma de hacer negocios, vamos a estar repitiendo los mismos errores”, sostuvo.
Para el abogado, el secretismo total sobre la titularidad del control de las compañías o de vehículos legales es una cuestión del pasado.
Desde un punto de vista de la atracción de inversión al país, dijo que difícilmente Panamá logrará asentarse como hub internacional de negocios estando en una situación de incumplimiento, más teniendo en cuenta que algunos de los principales inversionistas en el país vienen de países de la OCDE.
