El registro único de beneficiarios finales cuenta con un avance cercano al 30% en el proceso de carga de la información de las personas jurídicas y desde el pasado mes de noviembre está operativo para que las autoridades competentes soliciten información al registro.
El registro único de beneficiarios finales tiene la información incorporada de los beneficiarios finales de 70,124 personas jurídicas, con fecha de corte al pasado 20 de enero. Esto representa un 29.8% de las 235,490 personas jurídicas activas que figuran en el Registro Público de Panamá, según cifras compartidas por la Superintendencia de Sujetos No Financieros.
El registro fue creado en virtud de la Ley 129 de 2020, modificada por la Ley 251 de 2021, y la carga de la información se está efectuando por fases, siguiendo un proceso que inicia con el enrolamiento en el sistema de los agentes residentes de las personas jurídicas, quienes son los encargados de subir posteriormente la información de los beneficiarios finales.
Aunque hay varios tipos de personas jurídicas cuya información debe incorporarse en el registro único, el grueso está compuesto por sociedades anónimas y fundaciones de interés privado.
Dayra Carrizo, superintendente de Sujetos No Financieros, comentó que uno de los objetivos de la supervisión de los sujetos obligados es categorizar el nivel de riesgo, algo que depende de los servicios que se ofrecen y dónde se ofrecen. Utilizando un enfoque basado en riesgo, como recomienda el Grupo de Acción Financiera (GAFI), Carrizo dijo que los agentes residentes que están subiendo información son aquellos que ofrecen servicios de sociedades offshore y de directores nominales, que son factores que se consideran de alto riesgo.
Carrizo dijo que más de 400 agentes residentes están registrados en el sistema y cargando información. En una primera etapa, el regulador invitó a las firmas de abogados para que iniciaran el proceso de carga. Originalmente, esta etapa de incorporación de datos por parte de las firmas de abogados se había previsto culminar en diciembre, pero se ha extendido hasta el mes de febrero debido a una serie de cuellos de botella que se dieron en el proceso de enrolamiento de los agentes residentes y que ya se habrían solventado, según Carrizo.
De manera paralela, se ha iniciado la incorporación y capacitación a los agentes residentes que son personas naturales para seguir con el proceso de carga de la información de las sociedades.
“Nuestro enfoque es seguir aumentando la cantidad de agentes enrolados y mantener un aumento constante de la carga de la información de beneficiarios finales”, dijo la superintendente.
Además de la carga de la información de los beneficiarios finales, una de las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales, incluyendo el estándar de GAFI, apunta a la necesaria verificación y actualización de la información que se sube a la plataforma.
Según la ley, los agentes residentes deben cargar información de la persona jurídica y de sus beneficiarios finales, incluyendo detalles como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y dirección, entre otras.
Carrizo dijo que cuentan con distintos sistemas para hacer la validación de la información que cargan los agentes residentes y que dentro de la entidad se creó una unidad de verificación para tal fin. “La información que entra en ese registro debe ser veraz”, dijo la funcionaria.
En el caso del registro panameño, el acceso a la información de los beneficiarios es privado, es decir, que está limitado a un grupo de autoridades competentes identificadas en la ley, entre las que están el Ministerio Público, la Dirección General de Ingresos y la Unidad de Análisis Financieros.
Los beneficiarios finales son las personas naturales que tienen el control de las estructuras jurídicas. La creación del registro de beneficiarios finales es una de las apuestas del Gobierno para reforzar el régimen de prevención de blanqueo de capitales y avanzar en la salida de la lista gris del GAFI.
A finales del próximo mes de febrero se conocerá el resultado de una nueva evaluación del organismo internacional al país, luego de una reunión cara a cara celebrada el 10 de enero en Miami, Estados Unidos. En las últimas evaluaciones, el GAFI expresó su preocupación porque Panamá no ha completado el plan de acción pactado en 2019 para abordar las deficiencias detectadas e instó al país a culminar el trabajo para febrero de 2023. En el mes de octubre de 2022, el GAFI señaló que de los 15 puntos que contiene el plan de acción, quedaban 3 por cumplir. A finales de febrero se conocerá qué tanto avance ha logrado Panamá y si se plantea ya una visita al país por parte de una delegación del GAFI para verificar el progreso, en lo que sería un paso previo a la eventual salida de la lista gris.
ONU favorece la transparencia
En los últimos años ha tomado fuerza la tendencia internacional hacia la creación de registros de beneficiarios finales y una de las últimas entidades en pronunciarse al respecto ha sido la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En una nota elaborada por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, el organismo internacional se refirió a la importancia de la transparencia financiera como un componente esencial para que las autoridades de los países puedan hacer cumplir la ley, reducir la corrupción y garantizar que los contribuyentes paguen los impuestos que les corresponden. “Aumentar la exactitud y transparencia de la información sobre beneficiarios reales es un componente importante de las soluciones para reducir la evasión y elusión fiscales y combatir la corrupción y el blanqueo de dinero”, señala el documento.
En este sentido, el abogado Carlos Barsallo dijo que “tener a disposición, y poder usar efectiva y oportunamente, la información sobre el beneficiario final de estructuras jurídicas es fundamental para combatir problemas muy serios para la sociedad actual, como son el fraude, la corrupción, el blanqueo y el delito financiero”. En la práctica, el reto ha sido, según el abogado, “que no se cuenta realmente con la información veraz”.
Por ello, añade, “la necesidad de conocer al beneficiario final se ha elevado a un estándar técnico global al que se suma con su apoyo de política pública las Naciones Unidas”.
