El nivel de endeudamiento del sector público no financiero al cierre de 2022 representó un 57.9% del producto interno bruto (PIB) del mismo año.
Se trata de un descenso desde el 60.1% del cierre de 2021, pero la cifra está aún lejos de los niveles previos a la pandemia, ya que en 2019 el nivel de endeudamiento del país equivalía a 44.5%.
La relación entre la deuda y el PIB se utiliza como referencia para medir el nivel de endeudamiento de un país en comparación con el tamaño de su economía.
Al cierre de 2022, la deuda pública se ubicó en $44,274 millones, mientras que el PIB cerró el año en $76,522.5 millones, resultando la relación en un 57.9%.
La deuda se disparó en términos absolutos y como porcentaje del PIB en 2020, como consecuencia de la paralización de la actividad económica por las restricciones impuestas durante la pandemia, que provocaron un desplome de los ingresos, mientras se mantuvo un nivel elevado del gasto público. De manera paralela, el tamaño de la economía sufrió una fuerte contracción, elevando la relación entre deuda y PIB a un 64.74%, es decir, incremento de 20 puntos porcentuales en un solo año.
El levantamiento de las medidas de restricción se tradujo en la reactivación de la economía en 2021 y la recuperación en 2022, cuando el PIB ya superó el nivel registrado en 2019. Esto, debido al impulso de sectores como comercio, logística y minería, mientras que otras actividades, como construcción y turismo, mantienen cierto rezago respecto de los números de 2019, lo que se refleja también en un mercado laboral que aún no ha regresado a la situación prepandemia.
Así, mientras que el tamaño de la economía panameña ya supera con creces el nivel de 2019, la relación entre la deuda y el PIB está aún lejos de lograr ese hito, ni mucho menos el 40% de relación deuda - PIB recomendado por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Esto se explica porque el saldo de la deuda, es decir, el monto en dólares que debe el país, no ha dejado de crecer en los últimos años, pasando de $31,018 millones al cierre de 2019 a los $44,274 millones de 2022.
Cambio de año base
El Instituto Nacional de Estadística y Censo actualizó el año base de 2007 a 2018 para el cálculo de las cuentas nacionales, lo que se tradujo en un aumento del PIB en todos los años desde 2018 a 2022.
Este cambio mejora también los indicadores fiscales que se miden en relación con el tamaño de la economía, como el déficit fiscal o la propia relación entre deuda y PIB. A modo de ejemplo, antes de que se hiciera la actualización del año base, la relación entre la deuda y el PIB del año 2021 era de 63.7%. Hecho el ajuste, pasó a 60.1%.
El economista Ernesto Bazán dijo que el efecto a la baja causado en las métricas fiscales por el cambio de año base no representa una mejora en los fundamentos de la economía. Ese ajuste contribuyó además a cerrar el año 2022 con un déficit fiscal dentro del 4% establecido por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, como también lo hizo el movimiento contable para diferir el pago de $364 millones de intereses correspondientes al ejercicio 2022.
El también economista Carlos Araúz señaló que “pareciera que la coyuntura política obliga a reportar números que reciban reconocimiento internacional o que se ajusten a lo prometido a las calificadoras de riesgo internacionales. Esa visión es más potente que el deseo por asignar recursos para que políticas públicas puedan ser ejecutadas y creen una real y auténtica mejora en la calidad de vida de quienes residen en este país”.
No obstante, dejó claro que “mídase como se quiera medir, la cantidad nominal en dólares de deuda es importante”.
Aunque el déficit reportado en 2022 se haya ajustado a lo señalado en la ley fiscal, Bazán dijo que la lectura que hacen las agencias de calificación de riesgo de movimientos de este tipo no es positiva, porque demuestra incapacidad de alcanzar el límite de déficit de manera orgánica, es decir, elevando los ingresos y reduciendo los gastos.
Esto, recordó, no se ajusta al espíritu de la ley fiscal, cuyo objetivo es contener el nivel de gasto y reducir la necesidad de endeudamiento para cubrir el desbalance.
Además, se afecta la credibilidad de la política fiscal del Gobierno, uno de los elementos que tienen en cuenta las agencias de rating a la hora de conceder las calificaciones soberanas.
Tasas de interés, al alza
El saldo de la deuda pública panameña está creciendo mientras también lo hacen las tasas de interés, lo que significa que cada dólar que se pide prestado es más caro.
Araúz señaló que en un ambiente inflacionario con tasas de interés que seguirán al alza en lo que resta de 2023, el componente de gastos de intereses del presupuesto del Estado subirá tanto por el nivel de endeudamiento como por las tasas más costosas. Puso como ejemplo la última emisión de deuda soberana panameña, en la que se captaron fondos a tasas más altas que las obtenidas hace poco más de un año.
Bazán, por su parte, explicó que mayores niveles de endeudamiento se terminan traduciendo en una mayor necesidad de recursos para pagar obligaciones, fondos que salen del presupuesto estatal, limitando, por tanto, la capacidad del Gobierno para efectuar otro tipo de gastos, como por ejemplo los necesarios para atender necesidades básicas de la población.
