El subsistema exclusivamente de beneficio definido de pensiones se está terminando de hundir. Los informes actuariales han pronosticado el fin de sus reservas en el año 2024, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo ha validado, mientras que el Gobierno lo reconoce, sin que se sepa ni cómo ni cuándo se reactivaría el diálogo para proponer una reforma.
A medida que transcurren los meses y se dan a conocer los resultados financieros de cada ejercicio fiscal, queda en evidencia que el fin está cada vez más cerca, porque los gastos no dejan de aumentar y los ingresos corrientes no son suficiente para hacerle frente a los pagos de los pensionados y jubilados.
Hace dos semanas, la administración de la Caja de Seguro Social (CSS) presentó a su junta directiva el resumen financiero de 2021, en el cual se observa el deterioro sistemático del subsistema de pensiones Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
De acuerdo con la información presentada por la entidad, a la que ha tenido acceso este diario, al cierre de 2021 las reservas institucionales del subsistema de pensiones terminaron en $1,001 millones, lo que significó una reducción de 14% o $168 millones al comparar el resultado con el del año 2020.
Las reservas, que se constituyeron como el ahorro del IVM, han llegado a un punto de extinción porque se utilizan para hacerle frente a los gastos corrientes.
El programa tuvo costos y gastos por $2,032 millones, mientras que sus ingresos corrientes del año apenas llegaron a $1,314 millones, más otros $100 millones por gestión financiera.
En este escenario, la CSS no tiene otra forma que acudir a sus ahorros para pagar las pensiones.
De acuerdo con la información de la CSS, (antes de los aportes del Estado) en el 2021 el déficit del subsistema exclusivamente de beneficio definido hubiese sido de $616 millones.
Pero luego de transferencias corrientes del Estado por $148 millones y aportes para la sostenibilidad del programa por $297.9 millones realizada por el Banco Nacional de Panamá con fondos del fideicomiso, para cubrir el déficit operativo de los periodos 2018 y 2019, más ingresos de periodos anteriores por $4 millones, se presentó un déficit de $166 millones en los resultados de 2021.
Cuotas obrero patronal
El problema es de proporciones extraordinarias cuando, técnicamente, por cada dólar que entra en concepto de cuotas obrero-patronal prácticamente salen dos dólares para el pago de las pensiones.
La CSS reportó ingresos por $3,324 millones al cierre de 2021. De ese gran total, se computaron ingresos por $1,314 para el subsistema exclusivamente de beneficio definido, correspondiendo a cuotas obrero- patronal $1,234 millones.
Haciendo eco de lo que dictamina la ley 51 de la CSS, la administración informó que tienen que recibir $517 millones por el déficit del programa en el año 2020 y otros $464 millones por el 2021, que corresponde al faltante de ese año, el cual se compensó con los desembolsos por déficits de periodos anteriores.
Estos aportes son el equivalente a una curita con la que se intenta reparar la grieta de una represa, entendiendo que cada año van en aumento las personas que se jubilan y no entran nuevos cotizantes al sistema.
La misma administración de la CSS indicó en la presentación que hizo a su junta directiva que “continúa el impacto de la deficiencia estructural del subsistema Exclusivamente de beneficio definido, debido a que los gastos superan los ingresos”.
La OIT alertó desde el pasado mes de septiembre que el agotamiento en 2024 de la reserva total del subsistema y el incremento acelerado en la cantidad de nuevas pensiones creará una fuerte presión en el financiamiento del creciente gasto en el programa.
El déficit operativo anual proyectado en términos nominales del sistema exclusivamente de beneficio definido de IVM crecerá progresivamente y alcanzará un tope máximo anual en 2050 cercano a los $7,500 millones. Como resultado directo de lo anterior será desafiante, desde el punto de vista económico y fiscal, cualquiera decisión que se tome.
Al cierre de la semana pasada, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) organizó un foro para analizar y discutir los desafíos que enfrentará el país en 2023. El programa de pensiones no dejó de ser un tema recurrente entre los panelistas.
El economista Carlos Araúz hizo referencia al déficit por encima de los $2,000 millones que enfrentaría el IVM en el 2030, en un contexto en el que ya el Estado destina $2,000 millones en subsidios y el Canal aporta $2,000 millones.
“Este país va a tener que sacar $2,000 millones de algún lado para evitar que haya una debacle tras el fracaso en el programa IVM”, insistió.
De no tomarse medidas de intervención para revertir la tendencia, el país corre “con el riesgo de una profunda afectación”, recalcó la OIT desde el año pasado.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ha insistido en la urgencia que tiene atender de inmediato la situación del IVM.
“Todos los elementos críticos han sido puestos sobre la mesa para evaluar las diferentes alternativas que se tienen para salvar el programa. Es hora de tomar las decisiones críticas, por más difíciles que las mismas puedan ser, porque como país no podemos afrontar las consecuencias adversas de continuar dilatando el tomar acciones”, indicó el gremio.
Ayer, desde el terreno político, el presidente del Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, hizo un llamado al presidente de la República, Laurentino Cortizo, para que ponga en “orden” a los funcionarios de su gobierno y se ponga a trabajar para solucionar los graves problemas que enfrenta el país.
A través de un comunicado emitido ayer domingo precisó señaló que el pasado 2 de enero, durante su discurso a la nación, el presidente Cortizo “se limpió las manos con los miembros de la junta directiva de la institución, al escudarse en la autonomía de la CSS para no tomar decisiones, por miedo al costo político y a evadir sus responsabilidades”.
