El ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, presentará el próximo martes 26 de diciembre ante el Ejecutivo la recomendación sobre el ajuste del salario mínimo que entrará en vigencia a partir del mes de enero próximo.
Para asignar el nuevo ajuste entrarán en el esquema varios indicadores: el costo de la canasta básica, el índice de precios, el crecimiento económico registrado en el país durante los últimos años, así como el último ajuste del salario mínimo de 8.5%, vigente entre 2016 y 2017.
Todos estos factores permitirán crear una fórmula cuantitativa, según un comunicado del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).
Esta acción se llevará a cabo luego de que la Comisión Nacional de Salario Mínimo, conformada por representantes de los sectores público, privado y obrero, no llegó a un consenso sobre el porcentaje del nuevo ajuste salarial que regirá en el país entre 2018 y 2019.
Por su parte, los gremios empresariales le piden al ministro de Trabajo proceder a la revisión del salario mínimo de forma objetiva y sin influencias preelectorales.
A través de un comunicado, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) advierte del riesgo de adoptar, en esta materia, medidas que busquen réditos políticos, contrarias a la permanencia de gran cantidad de empleos.
El organismo recordó que la acción de los gobiernos trasciende el término de sus mandatos, con efectos positivos o nefastos.
En tanto, la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón advierte que un nuevo ajuste salarial golpeará el poder adquisitivo de todos los panameños, ya que elevará considerablemente el costo de vida.
“Hasta 2017, en la Zona Libre de Colón se han perdido más de 10 mil empleos y alrededor de 576 empresas han cerrado sus puertas, lo que supone que un posible incremento del salario mínimo, elevaría los costos de operación, provocando aún más cierres y poniendo en riesgo cientos de puestos de trabajo”, dijo el gremio a través de un comunicado.
Mientras tanto, los trabajadores apuestan a una propuesta que permita mejora el poder de compra de los ciudadanos respecto a la canasta básica, que ha registrado una leve alza en el último año.
De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República, en Panamá cerca del 65% de la población ocupada devenga salario mínimo.