Panamá está más cerca de completar el plan de acción pactado con el Grupo de Acción Financiera (GAFI), lo que marcará el camino de salida de la lista gris del organismo internacional, pero aún queda tarea por hacer para lograr ese objetivo, algo que quedó reflejado en el tono de urgencia que volvió a emplear ayer el GAFI al referirse a Panamá.
En una conferencia de prensa al finalizar la segunda reunión plenaria del año, celebrada en Berlín, Alemania, el presidente del GAFI, Marcus Pleyer, dijo a una pregunta de este diario que Panamá había cumplido ampliamente 11 de los 15 puntos del plan de acción, quedando por lo tanto 4 puntos pendientes.
GAFI expresó nuevamente una “preocupación significativa” porque Panamá no ha completado el plan de acción, ya que todas las fechas límite originalmente pactadas habían vencido en enero de 2021.
Por esa razón, “instamos a Panamá a completar rápidamente el plan de acción para octubre de 2022, cuando será la próxima plenaria”, dijo Pleyer. Si el organismo no observa suficiente nivel de avance, tomaría acciones que podrían incluir un llamado al resto de los miembros para aplicar medidas de debida diligencia ampliadas a las relaciones comerciales y transacciones con Panamá.
Se trata del mismo nivel de advertencia que el GAFI hizo en la última plenaria, en marzo. Pleyer no ha vuelto a mencionar en sus comparecencias la posibilidad de incluir al país en la lista negra, en la que solamente están Corea del Norte e Irán, algo que sí hizo en la cita de octubre de 2021.
Sobre los aspectos pendientes, el presidente del GAFI fue enfático en la necesidad de lograr rápidamente una implementación completa de medidas ligadas a los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas, algo que es clave en el caso de Panamá.
El GAFI reclama a Panamá que garantice la verificación y actualización de información sobre beneficiarios finales y que las autoridades tengan acceso oportuno a esta información, estableciendo mecanismos eficaces para supervisar las actividades de las sociedades extraterritoriales (offshore), para considerar los riesgos de un uso indebido de las personas jurídicas, así como aplicar medidas para evitar un mal uso de directores y accionistas nominales. Esta es una tarea en la que Panamá está atrasada, como recordó ayer Pleyer.
Además, entre los aspectos pendientes están la aplicación de sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas en respuesta a violaciones del régimen de prevención de blanqueo de capitales, y demostrar la capacidad de investigar y perseguir el lavado de dinero vinculado a delitos fiscales internacionales.
La nota positiva de la plenaria que culminó ayer es el avance reconocido por GAFI en el plan de acción, la hoja de ruta que fue pactada por el Gobierno en junio de 2019, cuando el país ingresó en la lista gris.
En marzo, en la primera plenaria de este año, el país tenía 8 puntos “ampliamente cumplidos”. En esta ocasión la cifra se eleva a 11, quedando solamente 4 pendientes de cumplir.
Al término de la plenaria, el Gobierno emitió un comunicado señalando que ese avance reconocido por el GAFI acerca a Panamá a su salida de la lista gris.
El resultado conocido ayer surge de la evaluación del GAFI tras la presentación de avances efectuada por Panamá en una reunión cara a cara sostenida el pasado mes de abril.
El Gobierno señaló que entre los avances sustentados está el aumento en las investigaciones por blanqueo de capitales, que de 20 pasaron a 89; mientras que los organismos de supervisión impusieron 35 sanciones y adicionalmente se iniciaron 15 procesos.
Por su parte, la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) ha programado 45 supervisiones de seguimiento para 2022. Igualmente, dijo el Gobierno, se han iniciado 6 investigaciones por blanqueo de capitales, con delito precedente de defraudación fiscal en distintas jurisdicciones, generando más de $1.5 millones en efectivo o bienes incautados, 2 alertas rojas internacionales, 2 imputaciones, 14 solicitudes de asistencia legal mutua y 13 solicitudes de intercambio de información, a través de la red de recuperación de activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
También se refirió el Ejecutivo a la creación del registro privado de beneficiarios finales, que está en una primera fase de implementación tras haber sido aprobado por ley hace más de dos años, y al incremento en las investigaciones enfocadas en delitos precedentes en el extranjero.
Antes de salir de la lista gris, el GAFI debe avalar el avance en el cumplimiento del plan de acción y autorizar una visita in situ al país. El objetivo del Gobierno es lograr la aprobación de la visita en la próxima plenaria de octubre y la eventual salida en las primeras reuniones del próximo año.
El abogado Carlos Barsallo coincidió en que ese es un escenario realista y que, por tanto, se podría aventurar la salida de la lista para el próximo año.
Barsallo recordó que esta será la vez que Panamá habrá pasado más tiempo en la lista gris -en este mes de junio se cumplen tres años- y se refirió a un lento avance, aún considerando el efecto que tuvo la pandemia. En contraste, en la cita de ayer el GAFI retiró a Malta de la lista gris, que había ingresado apenas un año antes.
