El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó este miércoles una ley aprobada en tiempo récord por el Congreso para agilizar la entrega, en un plazo mínimo de 24 horas, de los recursos retenidos a miles de clientes en el intervenido Ueno bank.
Después de un trámite con carácter de urgencia, Peña rubricó la ley que establece, entre otros, un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
La norma fue aprobada este miércoles por mayoría en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, este último en un segundo debate celebrado durante esta jornada después de la sesión del martes.
El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó la víspera un proceso de resolución o cierre de Ueno, un banco con 2.9 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.
La decisión ha desatado una crisis ante los reclamos de miles de usuarios preocupados por sus ahorros, mientras se ha conocido que millonarios recursos de entidades oficiales están en esa entidad, que además patrocina a equipos locales de fútbol y eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.
La ley “permitirá a los ahorristas cobrar en el menor tiempo posible una parte de los fondos de garantía a fin de que los recursos vuelvan a las manos de quienes corresponde”, publicó Peña en X.
He promulgado la Ley Nº 7745 que permitirá a los ahorristas cobrar en el menor tiempo posible una parte de los fondos de garantía a fin de que los recursos vuelvan a las manos de quienes corresponde. Confío en que el Banco Central del Paraguay implementará de forma inmediata esta… pic.twitter.com/z2iuKm2HII
— Santiago Peña (@SantiPenap) November 4, 2026
El gobernante confió en que el Banco Central “implementará de forma inmediata” la ley y agradeció al Congreso por el “tratamiento responsable y comprometido” de la iniciativa.
Cada depositante podrá recibir hasta 40 salarios mínimos mensuales, un monto que equivale a 121.7 millones de guaraníes (unos 19,787 dólares), en un plazo de 24 horas, y que no podrá exceder los cinco días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la normativa.
