Habiendo anticipado a inicios de este mes el nuevo alcance de la concesión entre el Estado y Minera Panamá, el Gobierno publicó ayer viernes 24 de marzo el contrato ley acordado con la empresa, para dar inicio a un proceso de consulta pública que debe extenderse hasta el 22 de abril.
El documento está disponible en la plataforma digital Agora (agora.gob.pa/ContratoMineraPanamá).
Sin embargo, este proceso no es vinculante, de acuerdo con lo expresado previamente por el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), lo que significa que es una consulta informativa de la que no se espera ningún cambio al acuerdo minero si alguien llegara a mostrar su inconformidad con los consensos alcanzados.
A manera de aligerar el contenido del documento de 69 páginas, el Mici publicó, además de la copia completa del contrato, tablas comparativas sobre los términos económicos y sobre las diferencias entre el documento pactado ahora y el contrato ley original, celebrado entre el Estado y Minera Petaquilla, S.A., (ahora Minera Panamá, S.A.) y contenido en la Ley 9 de 26 de febrero de 1997.
La entidad destaca como un aspecto económico relevante que Minera Panamá deberá hacer un pago mínimo anual al Estado de $375 millones, incluyendo regalías, Impuesto Sobre la Renta, retenciones de intereses de pago de deuda y el impuesto complementario y retenciones sobre dividendos. Anteriormente, no tenía esta obligación.
Las tasas de regalía oscilan entre 12% a 16%, según el margen bruto. A mayor margen bruto, mayor porcentaje de regalías a pagar. Y se establece que la regalía mínima es del 2% de la producción bruta razonable.
El contrato tiene una duración de 20 años, prorrogables por igual periodo, empezando a regir desde diciembre de 2021.
Para cubrir los compromisos del año 2022, se ha acordado un pago de $395 millones que cubre las explotaciones y exploraciones realizadas durante este periodo. Dicho pago se constituye como un finiquito para las obligaciones tributarias del año pasado, ya que anteriormente se calculó que el nuevo contrato para esa fecha debía estar vigente.
Estos son los mismos términos comunicados por el Mici el 8 de marzo pasado, cuando se anunció que había un acuerdo formal con la minera, después de meses de tensas negociaciones.
En diciembre pasado, incluso, el Gobierno interrumpió las conversaciones y anunció que buscaría otro operador para la concesión en Donoso.
La concesión abarca 12,955 hectáreas, aunque cuando se aborda el concepto del área de la servidumbre se reconoce una superficie de 17,780 hectáreas, que incluyen el área de la concesión, la zona de instalación para el manejo de relaves, la carretera al puerto (desde donde se exporta el producto que se extrae) y la línea de transmisión eléctrica.
Anteriormente, no había límites para el uso de la servidumbre.
Los nuevos números
$70 millones
es el monto de la fianza de cumplimiento que ahora se le exige a Minera Panamá. Antes eran de $3 millones.
$10
es el pago por hectárea en concepto de canon superficial hasta el año 2041.
En el plano laboral, el contrato anterior permitía la contratación de 25% de mano de obra extranjera. Ahora se redujo el alcance a un 15%.
En lo que respecta al ámbito ambiental, se introdujo como si fuera una novedad la obligación de establecer un plan de recuperación ambiental y cierre de la mina, según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Para citar algunos ejemplos, se enumera que Minera Panamá financiará y ejecutará programas de reforestación que incluirán la restauración dentro de la huella del proyecto y la reforestación por compensación ecológica fuera del área de concesión.
Ya en la resolución de aprobación del EIA bajo el cual trabaja la empresa, se definió que la minera debía reforestar 7,375 hectáreas fuera de la huella del proyecto como compensación ecológica, además de 3,100 hectáreas dentro del proyecto, en concepto de restauración ambiental.
Aunque evidentemente en el plano económico, la mina estará obligada a dar más de lo que hasta ahora aportaba, para algunas fuentes consultadas en este tema sigue siendo muy poco lo logrado por el Estado, entendiendo que los aportes en impuestos son los mismos que realizan otras actividades económicas que no utilizan los recursos nacionales como el agua, los bosques y los minerales.
“Las condiciones de este contrato no hicieron más que sellar los vacíos a favor de la empresa, con unos mínimos de maquillaje o de parches para disimular los supuestos beneficios al país”, dijo a este diario la ambientalista Raisa Banfield.
“Yo me siento tan indignada. Nos han visto la cara de tontos, porque ante una inconstitucionalidad del contrato anterior lo que debía hacerse era frenar la actividad y analizar para beneficio del país lo que nos convenía o no de esta situación”, agregó.
De hecho, en el contrato acordado ahora, las partes reconocen que la Ley 9 fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, en el año 2017.
Banfield también criticó la cláusula en la que se determina que, en casos de fuerza mayor, la empresa no tendría que pagar “los famosos $375 millones como mínimos”.
El concepto de fuerza mayor o caso fortuito se aplica si la producción de cobre en un año es de menos de 250,000 toneladas.
El ministro de Comercio, Federico Alfaro Boyd, había indicado hace dos semanas que quedó establecido que la empresa podrá solicitar hasta $35 millones en créditos fiscales anuales que, sumados por 20 años, alcanzan los $700 millones.
Pero en el resaltado de los acuerdos alcanzados ahora, se menciona que se estableció que Minera Panamá renuncia al derecho de solicitar créditos fiscales y desiste de todas las solicitudes que había realizado y que excedían los $1,000 millones.
Pero en virtud de la inversión en infraestructura realizada en el proyecto, se le reconoce a la minera un único crédito fiscal por inversión, igual a $37.5 millones por 20 años. En caso de ser anual, serían $750 millones.
El documento estará disponible para consulta durante un mes, bajo la lupa de especialistas del ámbito legal, ambiental y financiero.
