El sector privado de Venezuela prevé que su actividad económica se recupere 8% el próximo año respecto al 2022, un incremento impulsado, principalmente, por los sectores más relacionados con el consumo masivo -alimentos, medicinas y cuidado personal- y por el sector petrolero, que tendrá una “leve recuperación”, dijo a EFE Fedecámaras, la mayor patronal del país.
“Nosotros pensamos que (en 2023 el PIB privado) va a tener un comportamiento positivo del 8%, similar al 2022, que creemos cerrará en 9 %”, señaló el presidente de la organización gremial, Carlos Fernández, quien aseguró que el sector privado hará un esfuerzo para mejorar los ingresos de sus trabajadores durante el próximo año.
El empresario afirmó que el sector petrolero privado “también va a tener una leve recuperación”, asociada a la reanudación de las operaciones de la petrolera estadounidense Chevron en el país tras la autorización otorgada por el Gobierno norteamericano en noviembre pasado, a lo que Fernández espera que le sigan permisos para otras multinacionales.
El presidente de la patronal prevé también un aumento en la operatividad del sector industrial, que en el tercer trimestre de 2022 operó a un 38,5 % de su capacidad instalada, 13.6 puntos por encima respecto al mismo periodo de 2021, según la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).
Sin embargo, aún hay tareas pendientes por hacer, entre ellas “resolver las diferencias políticas” a través del diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en México -reanudado en noviembre-; recuperar, de manera “urgente, el crédito financiero bancario”; y reducir la “carga impositiva” que tienen las empresas debido a la “voracidad” fiscal, agregó Fernández.
Asimismo, los empresarios prevén mejorar el salario, cuyo pago mínimo se ubica actualmente en cerca de ocho dólares mensuales, insuficientes para comprar los alimentos más básicos.
Fernández ha advertido que la “insuficiencia de ingresos de los trabajadores” sigue siendo “el principal problema económico”, que los empresarios buscan solucionar para “elevar las condiciones de vida” de los empleados, sobre todo “ante la caída del gasto público”.