Si el Ejecutivo sanciona el proyecto de Ley 342 que invalida acciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) para liberar la servidumbre de los proyectos eléctricos, el costo de estas inversiones será más elevado.
Así lo advierte Iván Barría, exgerente de la estatal Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) y quien tuvo que enfrentar retrasos por conflictos con propietarios de terrenos durante la construcción de la tercera línea de transmisión.
El proyecto de ley 342, que solo consta de 5 artículos, fue aprobado en tercer debate la semana pasada. Fue presentado en 2019 por el diputado de Veraguas y del Partido Revolucionario Democrático, Eugenio Bernal.
“Con esa ley sería más costoso construir líneas por los abusos de los dueños de tierras y el tiempo de negociación sería infinito”, advierte Barría. El proyecto de ley fue enviado por la Asamblea Nacional al presidente Laurentino Cortizo el pasado 8 de septiembre para su sanción o veto.
Los más afectados serían los proyectos de fuentes renovables como solar y eólico, porque se requiere hacer nuevas líneas de transmisión para esas centrales, algunas que actualmente están en construcción.
Lo aprobado con el voto de 38 diputados, elimina el artículo 138-A del texto único de la Ley 6, que regula el sector eléctrico, y dejaría sin efecto legal todo proceso administrativo iniciado por la ASEP desde 2013 en el que haya aplicado el procedimiento sumario para el uso y adquisición de servidumbre para proyectos eléctricos.
“Esto es nefasto e innecesario porque la ASEP no autoriza expropiaciones, solo es derechos de servidumbre”, dice Barría.
En su opinión, ya de por sí en Panamá se paga un porcentaje de costo de derecho de vía altísimo comparado con países vecinos o inclusive con Europa.
“Estamos pagando casi el costo del terreno por pasar por allí aunque el dueño del terreno se mantiene como propietario”, dice.
Para cada proyecto de energía renovable que se construye en el país casi que es seguro que se tienen que hacer nuevas líneas de transmisión para conectarse a la red principal.
Con la regulación vigente se puede negociar porque los dueños de lotes afectados saben que si no aceptan se puede pedir la entrada forzosa.
Barría recuerda que en su momento hizo una comparación y Etesa pagó casi $60 millones en servidumbre para la tercera línea, que tiene 300 kilómetros de extensión, mientras que en España por un proyecto similar se pagaban como $10 millones por la servidumbre.
