El Sindicato Únicos de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) concretó al menos tres acciones más en rechazo al cierre de sus cuentas bancarias por parte de la Caja de Ahorros (CA), el pasado 13 de noviembre.
El sindicato denunció al banco estatal ante la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) por violar el secreto bancario, aduciendo que el banco filtró información al diario La Estrella de Panamá, que fue el que dos días después, el 15 de noviembre, publicó la noticia citando una fuente “oficial”.
Concretamente, el Suntracs acusa a la CA de negligencia por “violar el acuerdo bancario 008-2005 del 21 de septiembre de 2005 que exige a los bancos tomar medidas para impedir que información privada y confidencial de un cliente sea revelada a terceros”.
También adujeron perjuicio a la imagen del Suntracs, ya que -según la organización- el cierre de las cuentas se habría dado presuntamente por alguna razón “sospechosa”.
El Suntracs sostiene que la acción de la CA es un intento del gobierno “para debilitar su capacidad de lucha”, en la coyuntura que experimenta el país, que ya lleva más de un mes en intensas marchas y bloqueos en contra del contrato con Minera Panamá.
El sindicato contó que ahora afronta la imposibilidad de pagar los salarios a su personal y el impedimento –ante falta de cuenta- de recibir las cuotas sindicales que depositan 800 empleadores mensualmente.
La segunda acción que tomó el sindicato en medio de esta coyuntura fue interponer una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En una misiva que enviaron a Ginebra, Suiza, sede de la OIT y dirigida a Gilbert Houngbo, director del Comité de Libertad Sindical, expusieron los antecedentes del caso, desde el fallo de inconstitucionalidad de la Ley 9 de 1997, hasta la aprobación del la actual Ley 406 del contrato minero.
“Nuestra oposición férrea a este contrato espúreo y a la política extractivista gubernamental en general, ha sido penalizada con un trato persecutorio, represivo e intimidador por parte de las autoridades del gobierno, quien de modo impropio y calumnioso nos han calificado de terroristas y han utilizado diversos medios de amenazas”, se lee en la carta firmada por Marco Andrade, representante de Conusi, y Saúl Méndez, secretario general del Suntracs.
El sindicato sostiene que la decisión de la CA viola los derechos sindicales y su relación con las libertades civiles consignadas en los convenidos 87 y 98 de la OIT, específicamente la libertad de organización sindical que supone libertad financiera.
El Suntracs ya presentó la semana pasada, ante el Ministerio Público, una denuncia penal contra la junta directiva del banco, su gerente general y la gerente de la sucursal de Chanis. También pidieron un pronunciamiento a la ministra de Trabajo, Doris Zapata, por este hecho.
El abogado del Suntracs, Antonio Vargas, explicó a La Prensa que el Comité de Libertad Sindical analiza las violaciones denunciadas, luego da traslado al gobierno panameño para que se pronuncie y, posteriormente, los miembros de ese comité debaten sobre el tema y si establecen que hubo violaciones al intervenir en el régimen financiero interno del sindicato, entonces el caso llegaría a la máxima autoridad de la OIT, que es el Consejo de Administración.
Eventualmente, se discutiría en la reunión plenaria del organismo pautada para junio de 2024 en Ginebra.
