La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) tendrá un presupuesto de $25.7 millones para 2027, pero esa cifra es $1.6 millones inferior al monto que la institución había contemplado originalmente para financiar sus operaciones y proyectos del próximo año.
Durante la sustentación de su presupuesto ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el superintendente de Bancos, Miltón Ayón, explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redujo la propuesta presentada por la SBP. Según dijo, la diferencia implica que algunas actividades previstas para 2027 tendrán que ser pospuestas.
Los $25.7 millones que figuran en el proyecto de presupuesto representan $1.017 millones más que los $24.68 millones aprobados inicialmente para la SBP en 2026. Sin embargo, esta comparación debe tomarse con cautela, ya que el presupuesto de la Superintendencia puede modificarse durante el año mediante partidas adicionales.
De hecho, Ayón recordó que para 2026 el MEF también recortó $1.2 millones de la propuesta presentada por la Superintendencia y que posteriormente la Asamblea Nacional aprobó una partida adicional.
Por eso, el planteamiento de Ayón no es que la SBP necesariamente vaya a recibir menos recursos en 2027 que en 2026. Su señalamiento es que los $25.7 millones incluidos actualmente en el proyecto están $1.6 millones por debajo de lo que la propia entidad había calculado como necesario para operar durante el próximo año.
El MEF pone el foco en la ejecución
La explicación de la SBP sobre la necesidad de contar con esos recursos tuvo una contraparte durante la misma sustentación.
Valerio González, subdirector de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, reconoció la importancia de la Superintendencia y su papel en la protección de los activos de los depositantes, pero puso sobre la mesa los niveles de ejecución presupuestaria de la institución.
En 2026, el presupuesto aprobado fue de $24.6 millones. A la fecha de la sustentación, dijo, se habían asignado $20.7 millones y ejecutado $14.5 millones, por lo que todavía quedaban $6.1 millones por ejecutar.
El funcionario reconoció la eficiencia de la SBP en el uso de sus recursos, pero señaló que estos niveles de ejecución son un elemento que debe considerarse al evaluar las necesidades presupuestarias para 2027.
¿De dónde salen los $25.7 millones?
La SBP genera la mayor parte de sus propios recursos. Para 2027, $22.4 millones, equivalentes al 87% de su presupuesto, provendrán de tasas y derechos que cobra a las entidades que supervisa.
Entre esas fuentes están las inspecciones y avalúos, la tasa de regulación bancaria y la tasa anual de fideicomiso. El presupuesto también contempla transferencias corrientes, como el dinero correspondiente al aporte del sector privado al FECI.
Ayón destacó que, desde su creación en 1998, la Superintendencia no ha tenido que recurrir al Gobierno Central para financiar su funcionamiento.
Los rubros que generaron preguntas
Durante la sustentación, los diputados cuestionaron algunos de los renglones incluidos en el presupuesto, entre ellos $1.4 millones para mantenimiento y reparación de edificios.
De acuerdo con la explicación ofrecida, los promotores del edificio en Obarrio, Grupo Shahani, asumieron alrededor de $1.7 millones en trabajos como pisos, cielo raso y adecuaciones de algunas áreas. La Superintendencia debe asumir otras adecuaciones.
Otro de los rubros cuestionados fue el de gastos judiciales, por $175 mil.
Los diputados preguntaron por qué la SBP contempla contratar abogados externos si cuenta con un departamento jurídico. Marlon Espino, director de Finanzas, explicó que esta partida está destinada a atender demandas contra la institución que requieran abogados especializados.
El personal jurídico interno mantiene sus funciones relacionadas con regulación y normativa, mientras que determinados procesos pueden requerir servicios legales externos.
$1.4 millones en bonificaciones e incentivos
Otro punto que llamó la atención de los diputados fueron los $1.4 millones destinados a aguinaldos e incentivos.
Ayón explicó que los funcionarios reciben dos tipos de gratificaciones. Una se entrega entre noviembre y diciembre y equivale a un mes de salario.
La segunda se paga entre marzo y abril y depende del desempeño. El funcionario puede recibir entre 70% y 100% de un mes de salario, de acuerdo con el cumplimiento de las metas establecidas para su puesto.
Un sistema con $121 mil millones en depósitos
La dimensión del sistema que debe supervisar la SBP también fue expuesta durante la sustentación.
Ayón dijo que el centro bancario panameño concentra alrededor de $121 mil millones en depósitos, según las cifras que presentó ante los diputados: unos $70 mil millones corresponderían a depósitos locales y otros $51 mil millones a fondos provenientes del exterior.
A esto se suma el universo de entidades bajo supervisión: 64 bancos, siete grupos financieros regionales y 54 fiduciarias.
“Estamos aquí para defender al depositante”, afirmó Ayoung, al explicar que la función de la institución es proteger los ahorros de los clientes y contribuir a la estabilidad del sistema financiero.
Pandora, la última pregunta
Después de más de dos horas de preguntas centradas en el presupuesto, los gastos y el funcionamiento de la Superintendencia, los diputados abordaron un asunto directamente relacionado con otra de las funciones centrales de la entidad: la supervisión de los bancos.
La última pregunta de la jornada estuvo relacionada con el caso conocido como Operación Pandora, que investiga un esquema fraudulento en el otorgamiento de créditos fiscales.
Ayón explicó que la SBP está revisando si hubo fallas administrativas o deficiencias en los controles internos de las entidades financieras que adquirieron esos créditos fiscales.
BAC International Bank (Panamá) ha sido mencionado como una de las empresas que adquirió parte de esos créditos. Esta entidad ha sostenido que actuó de buena fe y que colaboró con las autoridades desde que tuvo conocimiento de los hechos.
Una auditoría interna de la Dirección General de Ingresos (DGI) concluyó que $36.01 millones de los $42.4 millones en créditos fiscales utilizados por BAC International Bank (Panamá) para compensar obligaciones tributarias entre 2022 y 2025 corresponden a operaciones que considera improcedentes e ilegítimas.
El superintendente aclaró este lunes 17 de agosto que la actuación de la SBP se limita al ámbito de su competencia como regulador bancario y que no le corresponde determinar si hubo delito. Esa investigación, dijo, corresponde al Ministerio Público, mientras que la Unidad de Análisis Financiero tiene sus propias competencias.
