“En un limbo”. Así se sienten los más de 5 mil trabajadores de la empresa Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum, al no conocer las acciones que toma la compañía, ni el Gobierno luego de la ruptura de las negociaciones para firmar un nuevo contrato para continuar con la extracción de cobre, oro y plata en las montañas de Donoso, provincia de Colón.
“Nos enteramos por los medios de comunicación de lo que está pasando, la compañía no nos dice nada, y el Gobierno tampoco comparte con los trabajadores las acciones que está tomando”, comentó Michael Camacho, dirigente de la Unión de Trabajadores de Minera Panamá (Utramipa).
Camacho señala que todavía la empresa no ha sido notificada por escrito de la suspensión de las operaciones comerciales de la mina que entre enero y septiembre generó una ganancia bruta de 876 millones de dólares.
Sobre la decisión de Minera Panamá y First Quanntum de interponer dos arbitrajes contra el Estado panameño, Camacho comentó que la noticia ha generado más incertidumbre entre los obreros al desconocer qué será de sus puestos de trabajos.
El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) ha señalado que el Gobierno está preparado para enfrentar cualquier escenario legal derivado de la disputa con Minera Panamá y señala que la orden de suspender las operaciones comerciales del proyecto Cobre Panamá se tomó para dar cumplimiento al fallo de 2017 de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 9 de 1997 que fue la base del contrato que autorizó la extracción de cobre.
La agencia de noticias Reuters informó que la ministra de comercio de Canadá, Mary Ng, sostiene conversaciones con su contraparte panameña, Federico Alfaro Boyd. para conocer los detalles de la negociación con Minera Panamá.
Fuentes citadas por Reuters comentaron que lo único que está solicitando la empresa son protecciones en caso de que disminuya el precio del cobre en los mercados internacionales.
Por su parte, funcionarios del MICI aseguran que la empresa quiere continuar con el mismo esquema de pago establecido en 1997 y que su última propuesta no cumplía con el pago de 375 millones de dólares al año.
La empresa ha dicho que sí está dispuesta a pagar lo que exige el Gobierno, pero necesita protecciones en caso de que los precios de los metales o la rentabilidad disminuyan significativamente.
