Un comunicado de Transparencia Internacional, con sede en Berlín, Alemania, señala que en Panamá hay lagunas en las regulaciones sobre propiedad corporativa y se refiere a las deficiencias y demoras en la creación de un registro de beneficiarios finales.
La nota, publicada este 30 de septiembre, se pregunta si cinco años después de la revelación del caso Mossack Fonseca, se ha aprendido algo. “Mossack Fonseca era sólo uno de los muchos bufetes de abogados que siguen operando como proveedores de servicios corporativos, constituyendo empresas en jurisdicciones extraterritoriales en nombre de los clientes, actuando como accionistas y directores nominales y administrando estas empresas por una tarifa anual”, recoge el escrito.
Transparencia Internacional se refiere al rol de los agentes residentes en la creación de sociedades offshore y al intercambio de información. Recuerda que en caso de una investigación, las autoridades solicitan información al proveedor de servicios corporativos y, “si tienen suerte”, este “revelará la información a tiempo, esta información será precisa y el proveedor no avisará a su cliente mientras tanto”.
La nota se refiere también a la falta de actualización de la información y al hecho de que las autoridades tengan que indicar el motivo por el que están solicitando los detalles sobre el propietario, lo que puede dar pie a que los agentes informen a sus clientes.
“Cinco años después de los Papeles de Panamá parece impensable que un modelo tan defectuoso siga vigente en Panamá y que se considere una opción viable en el marco antiblanqueo de un país”, señala el comunicado.
Una de las apuestas de Panamá para mejorar el acceso e intercambio de información es la creación de un registro de beneficiarios finales. Aunque fue aprobado a través de la Ley 129 de marzo de 2020, el registro de beneficiarios finales panameño “solo existe en papel”, mientras que el “Gobierno no ha dado pasos para adoptar la regulación y no parece probable que se den en el futuro cercano”.
“Panamá sigue confiando en agentes residentes poco supervisados, y las empresas panameñas siguen considerándose un arma secreta para cometer delitos y blanquear dinero”, señala la nota.
El Capítulo Panameño de Transparencia Internacional ha advertido de que la regulación, según está, tiene brechas que afectarán su efectiva implementación, como por ejemplo su acceso limitado -el registro propuesto sería privado y no público- y la falta de responsabilidades para asegurar la veracidad y precisión de la información suministrada.
La organización panameña también ha cuestionado que en el proyecto de ley no se incluya a la Dirección General de Contrataciones Públicas como una de las autoridades competentes para solicitar información al registro y ha resaltado que el foco no solo debería ser solo suministrar información cuando lo requieren autoridades extranjeras, lo que a su vez está vinculado con los esfuerzos de Panamá para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera, sino aprovecharlos internamente para favorecer la transparencia en el país.
Transparencia Internacional recoge este pensamiento y añade que “un régimen eficaz de beneficiarios reales haría mucho más que ayudar a Panamá a eliminar su nombre de las listas grises. Cada vez hay más pruebas en los países que ya han implantado sistemas eficaces de divulgación de los beneficiarios reales de que dicho sistema también ayudaría a las autoridades a estar mejor equipadas para detectar y combatir la corrupción, los conflictos de intereses en la contratación pública y el fraude. También apoyaría a las empresas y contribuiría a aumentar la confianza y la integridad en los sectores empresarial y financiero”.
