El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas ordenó a la Comisión Evaluadora de la licitación por mejor valor del proyecto de construcción y financiamiento de un intercambiador en la entrada de La Cabima de Alcalde Díaz, a elaborar un nuevo informe en el que se considere la oferta presentada por el Consorcio Cabima, conformado por Constructora Meco, S.A. y Constructora Meco Panamá, S.A.
La decisión la tomó el pasado 17 de febrero luego de que el Consorcio Cabima presentara un recurso de impugnación contra el informe de la Comisión Evaluadora y de la resolución del Ministerio Público (MOP), la cual autorizaba la adjudicación del millonario proyecto a favor del Consorcio C&T La Cabima, integrado por las empresas Constructora Urbana, S.A. (Cusa) y Toronto Holdings, S.A.
En su fallo, el Tribunal dio un plazo de cinco días hábiles a la comisión - integrada por Noris Staff, José Ángel González y Gladys Burgos- para que le entregue el nuevo informe.
El Consorcio Cabima fue descalificada el 21 de diciembre de 2021 por la Comisión Evaluadora tras alegar que incumplió varios requisitos mínimos durante la licitación, entre ellos, no autenticar ante un notario público el formulario del costo de financiamiento.
Meco impugnó en primera instancia ante al Dirección de Contrataciones Públicas. Pero su recurso no prosperó: la entidad le dio la razón a la comisión y el MOP procedió a adjudicar el proyecto al Consorcio C&T La Cabima.
Pero la empresa Meco no se quedó con los brazos cruzados y recurrió al Tribunal Administrativo.
Luego de analizar el caso, los magistrados consideraron que el modelo de formulario en el pliego de cargos “no contiene instrucción alguna referente a la obligación de presentar autenticado ante un notario público o debidamente legalizado” el costo de financiamiento. Esto, a pesar de que en un archivo adjunto del proceso de licitación, la comisión advierte que se deben legalizar los documentos.
Según los magistrados, esto genera discrepancia. Es decir, el pliego de cargos debió establecer claramente ese requisito y no colocarlo como un documento adjunto al pliego.
“A la luz de la norma, el servidor público, al momento de dar publicidad al pliego de cargos o términos de referencia en el acto público de marras, tenía el deber de enmendar esta inconsistencia, mediante el mecanismo que establece la ley; es decir, a través de la adenda, sin embargo, al no corregirse esta situación, la Comisión no puede imputar dicha falencia del pliego recurrente”, señala el Tribunal.
En la licitación de noviembre pasado, el Consorcio Cabima ofertó $21.7 millones y el Consorcio C&T La Cabima presentó su propuesta por $22.5 millones. El precio de referencia del proyecto es de $20.8 millones.
Este proyecto contempla el diseño y construcción de un intercambiador vial, tipo trompeta, en la entrada de La Cabima y un retorno a desnivel, “tipo herradura”, cerca de la entrada de Ciudad Bolívar.
