Uno de los principales motores de la economía continúa dando señales de que ha dejado atrás la crisis provocada por la pandemia respiratoria. En 2020, el sector de la construcción se desplomó 50% debido a las restricciones de movilidad que aplicó el gobierno para frenar el avance del virus respiratorio.
En el primer trimestre de 2023, el valor de las construcciones nuevas y reparaciones alcanzó los $338.9 millones, muy por arriba de los $187.8 millones reportados en los tres primeros meses de 2022 y de los $242.3 millones registrados de enero a marzo de 2019.
En 2019, la construcción contribuyó con el 14.8% del producto interno bruto (PIB) del país, levemente por debajo del 15.2% y 15.3% reportado en 2018 y 2017, respectivamente. El año pasado el aporte de este sector a la economía rondó el 10%, y se espera que para 2023 sea una cifra similar.
Del valor total de los permisos de construcción reportados hasta el mes de marzo, $309 millones, corresponden a nuevas construcciones, mientras que $29.5 millones se destinaron a remodelaciones.
A pesar de que el mayor volumen se ha destinado a proyectos residenciales con $189.1 millones, el sector no residencial (bodegas, oficinas e infraestructura) viene registrando desde el año pasado un crecimiento más acelerado, alcanzando los $149 millones de dólares en el primer trimestre del año.
Durante los dos primeros años de la pandemia del coronavirus, la inversión en proyectos no residenciales se mantuvo limitada, debido a la contracción que registró la economía y que en 2020 provocó una caída del 18% del producto interno bruto.
De acuerdo con los datos de la Contraloría General de la República, la mayor inversión entre enero y marzo se registró en el distrito de Panamá, con $217.7 millones; seguido por Arraiján, con $45.5 millones; y La Chorrera, con $34.4 millones. También se otorgaron $17.4 millones, en permisos de construcción en la ciudad de David; $12.2 millones en Colón; $4.8 millones, en Chitré; y $3.8 millones y $2.4 millones en Santiago y Aguadulce, respectivamente.
Intereses preferenciales
Para mantener la tendencia positiva que viene anotando el sector, la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), ha solicitado al Gobierno la extensión de los intereses preferenciales que vencieron en enero pasado. El 25 de abril, la Asamblea Nacional aprobó la extensión de los intereses preferenciales hasta el 2028, con efecto retroactivo al primero de enero de 2023. El documento fue enviado al Ejecutivo para su sanción.
La normativa establece que se aplicará una tasa de 4% para viviendas de 45 mil dólares a 120 mil; y un 2% para viviendas entre 120 mil dólares a 150 mil dólares. “La recuperación es lenta, pero se está dando”, comentó Carlos Allen, presidente de Capac, quien agregó que es importante que se extienda el tramo de intereses preferenciales que vencieron a finales de 2022 para no interrumpir el ritmo que trae el sector.
Además de extender la vigencia de las tasas especiales para proyectos de interés social, Allen comentó que confía en que el Gobierno cumplirá su palabra de cancelar la deuda de $300 millones que mantienen las entidades del Estado con el sector. “Se nos dijo que al mes de junio se habrá cancelado todo el monto adeudado”, manifestó el empresario.
Este año deben entrar en ejecución los 27 contratos que ya fueron licitados, por $1,254 millones. Adicional, la Capac espera que se concreten las licitaciones de los proyectos bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP), así como la reactivación de la construcción del cuarto puente, obra que debe generar entre 4 mil y 5 mil puestos de trabajo.
El ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, señaló que el Gobierno dejará licitados o en proceso de adjudicación, 4 proyectos APP para rehabilitar más de 500 kilómetros de carretera, sumado a la construcción de una vía rápida entre Vacamonte y Sajalices, así como dos carriles adicionales en la vía del puente Centenario.
El 20 de abril la Contraloría General de la República refrendó la adenda del contrato para el cuarto puente por un monto de $620 millones. El costo de la obra pasó de mil 518 millones de dólares, a mil 227 millones de dólares. Entre los cambios introducidos al proyecto están la eliminación del restaurante y mirador, y los carriles centrales que utilizaría el monorriel de la línea 3 del metro para cruzar el cauce de la vía interoceánica.
En marzo de 2020, el Gobierno confirmó que había separado la construcción de la línea 3 del cuarto puente para no demorar los trabajos del monorriel, al asegurar que el puente no contaba con un financiamiento para su ejecución. De acuerdo con la adenda, el Gobierno ya había informado de esta decisión al consorcio chino el 15 de octubre de 2019, cuatro meses después de que Laurentino Cortizo asumiera las riendas del país.
