Una decisión nacional no termina cuando se cuentan los votos. El 22 de octubre de 2006, la mayoría de los panameños que acudieron a las urnas aprobó la ampliación del Canal. Veinte años después, recordar aquella consulta exige algo más que celebrar una obra de ingeniería: obliga a preguntarnos qué aprendimos sobre cómo decidir y construir el futuro del país.
La necesidad era concreta. El comercio marítimo cambiaba y las esclusas originales limitaban el tamaño de los buques que podían utilizar la ruta. Panamá debía evaluar cómo conservar su competitividad y aprovechar las oportunidades que ofrecía una nueva generación de embarcaciones.
La respuesta fue un proyecto de ampliación con una inversión estimada de $5,250 millones. Su ejecución incorporó los complejos de esclusas de Agua Clara y Cocolí, junto con mejoras en los cauces de navegación. Pero antes de las excavaciones hubo estudios, debate público y una decisión ciudadana.
La primera lección es que las grandes decisiones necesitan información y legitimidad. El referéndum de 2006 fue el tercero desde el restablecimiento democrático de 1989. En 1992, los ciudadanos rechazaron un paquete de reformas constitucionales que incluía la prohibición del ejército. En 1998 rechazaron otro que contemplaba la reelección presidencial inmediata. En 2006 aprobaron la ampliación.
Los resultados distintos recuerdan que consultar no equivale a obtener un respaldo automático. La ciudadanía puede decir sí o no. Por eso, el debate requiere explicar costos, beneficios, riesgos y alternativas, además de escuchar a quienes discrepan. Defender un proyecto no debería significar descalificar a quienes hacen preguntas.
La segunda lección es que una política de Estado debe trascender a sus gobernantes. Martín Torrijos presentó e impulsó la propuesta, pero la inauguración del Canal ampliado correspondió a Juan Carlos Varela, el 26 de junio de 2016. Entre ambos momentos hubo distintas administraciones y años de trabajo técnico.
Esa continuidad importa más que las paradojas partidistas. Las obras nacionales no pertenecen al presidente que las anuncia ni al que corta la cinta. Pertenecen al país, que asume sus compromisos y recibe sus resultados. Su ejecución exige instituciones capaces de sostener decisiones de largo plazo y controles que acompañen cada etapa.
La ampliación fortaleció la capacidad y el negocio del Canal. Según la ACP, las esclusas ampliadas superaron los 31,000 tránsitos acumulados hasta mayo de 2026 y representan más de la mitad de los ingresos totales de la vía. Es una medida concreta de su importancia, aunque ningún éxito elimina la obligación de rendir cuentas.
La tercera lección es que la infraestructura necesita agua y confianza social para funcionar. Tener esclusas más grandes no resuelve por sí solo la disponibilidad del recurso del que dependen la navegación y el abastecimiento de la población.
Ahí aparece Río Indio. La ACP plantea el futuro lago como una respuesta a las necesidades hídricas del país y del Canal. El proyecto implica también reasentamientos y el restablecimiento de los medios de vida de las familias que deberán trasladarse. Esa dimensión humana debe ocupar un lugar central en las decisiones.
Las comunidades necesitan información comprensible, participación efectiva y compromisos verificables sobre vivienda, ingresos y servicios. La importancia nacional de una obra no vuelve secundarios los derechos de quienes enfrentan sus mayores cambios.
Veinte años después, el sí de 2006 sigue dejando una responsabilidad. Panamá demostró que podía decidir sobre su principal activo y ampliar su capacidad. Ahora debe demostrar que puede planificar su futuro con el mismo rigor, sin separar la prosperidad del Canal del bienestar de las personas.
La autora es estudiante de periodismo.
