Un grupo de víctimas de las escuchas telefónicas ilegales que ordenó el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia anuncio este viernes, 13 de junio, que la exjefa de esa entidad, María del Pilar Hurtado, continúa asilada en Panamá, donde goza de la protección del presidente Ricardo Martinelli.
“Señor Martinelli, cese toda protección a María del Pilar Hurtado”, expresó esta mañana Luis Guillermo Pérez Casas, presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y delegado permanente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en una conferencia de prensa.
Indicó que existe la posibilidad de un acuerdo de protección para Hurtado acordado entre Martinelli y el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), en cuya administración el DAS espió a más de 300 jueces, periodistas y políticos de oposición.
“El presidente Martinelli está burlando a las autoridades colombianas negando extraditar a Hurtado”, dijo el periodista colombiano Hollman Morris, otro perseguido del DAS. “Las víctimas merecen una explicación de lo ocurrido”, agregó.
El grupo, que llegó ayer a ciudad de Panamá, para pedir agilizar la extradición de Hurtado, se retira mañana, sábado, y aún guarda la esperanza de reunirse con el presidente electo Juan Carlos Varela.
En tanto, la FIDH –a través de un comunicado– ha expresado que “existe un riego inminente” de que Hurtado abandone Panamá, luego de conocerse que la Corte Suprema declaró que su asilo territorial es inconstitucional.
El fallo no se ha oficializado aún, porque están pendiente que lo firmen varios magistrados. Hurtado dirigió el DAS entre 2007 y 2009; la central de inteligencia fue liquidada tras descubrirse la trama de espionaje. Una veintena de funcionarios de ese organismo han sido procesados.
Colombia ha intentado –sin éxito– conseguir que Panamá extradite a Hurtado para que responda ante la justicia por varios delitos, entre estos, concierto para delinquir agravado y violación ilícita de comunicaciones.
Esos delitos se le imputan por su presunta participación en los seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados, congresistas y defensores de derechos humanos ocurridas durante la era Uribe.