Para Aurelio Barría, dirigente de la Cruzada Civilista, el retorno del exdictador Manuel Antonio Noriega a Panamá exacerba los espíritus y los sentimientos, hace recordar los aciagos momentos que se vivieron en la dictadura y hace recordar lo acontecido hace más de 22 años “para que no se vuelva a repetir”.
Barría, un empresario que participó activamente en el movimiento civil que combatió abiertamente a Noriega –que gobernó de facto Panamá entre 1983 y 1989–, asegura no tenerle “odio ni rencores”, a pesar de que fue víctima de los ataques y persecuciones de los militares.
“Noriega [de 77 años] regresa para cumplir con las condenas que le fueron dadas por homicidio (…). Nosotros pedíamos justicia, libertad y democracia… Eso es lo que evoca el sentimiento civilista en este momento”, sostiene Barría en una entrevista con Prensa.com.
RECORDAR PARA NO OLVIDAR
Cuando Barría participó en aquellas concentraciones de centenares de ciudadanos, que salían a las calles vestidos de blanco, tenía 35 años y formaba parte de la mayoría de los panameños que “estaban cansados” de la opresión. Fuimos los indignados de la época, comenta.
Por la situación que se vivía en el país, recuerda Barría, “había miedo en las calles, la gente no se atrevía a hablar… Fuimos perseguidos y agredidos; mantuvimos una resistencia constante, pacífica, no violenta”.
Por eso salimos a las calles, vestidos de blanco, con pañuelos, pitos y pailas. Era una forma de protestar pacíficamente en las calles y de gritarle al mundo lo que aquí estaba pasando, explica. “Un pañuelo no puede enfrentar un fusil, pero inspira la voluntad de los ciudadanos”, agrega.
‘CERTEZA DEL CASTIGO’
Noriega no solo cometió crímenes de lesa humanidad, también hizo graves daños a la población, por los cuales debe ser castigado, sostiene Barría, quien este viernes, 9 de diciembre, volvió a la Calle 50 a protestar con otros miembros de la reactivada Cruzada Civilista para exigir “justicia”.
En efecto, el exdictador panameño tiene pendientes casos de delitos de lesa humanidad, por la desaparición forzada de personas en la dictadura.
Noriega debe pagar condenas por el homicidio de Hugo Spadafora, ocurrido el 13 de septiembre de 1985; por el crimen del mayor Moisés Giroldi; y por la denominada “la masacre de Albrook”, en 1989, donde fueron fusilados nueve militares.
Por tal razón, sostiene Barría, el juez que evalúe la situación de Noriega y determine si se le da o no su casa por cárcel, debe tener en cuenta “que aquí ha habido no solo un homicidio”.
Barría afirma que hay otros casos que no se han ventilado, como el de Carlos Guzmán, personas que fallecieron, que desaparecieron, cuyos procesos judiciales no se han efectuado porque Noriega solo ha sido procesado por los crímenes “más notorios”.
Por eso, insiste, hay que pensar: ¿Qué pasa con las madres que perdieron a sus hijos y los hijos que perdieron a sus padres? ¿Qué le vamos a decir a ellos ahora? Que la persona que cometió delitos, que violentó derechos, tiene que pagar sus condenas en la cárcel.
“Lo único que pido es que el Ejecutivo, el Presidente de la República, no se involucre, y deje esto en manos del Órgano Judicial”, puntualiza Barría.
Vea la entrevista completa con Aurelio Barría en el video que acompaña esta nota y que forma parte de una entrega especial de Prensa.com sobre el retorno del exdictador.