El incendio en un abarrotado albergue estatal en el que murieron 37 menores obligó al presidente de Guatemala a reclamar una reforma en el sistema de hogares juveniles, mientras las familias de las víctimas empezaban a recibir los cuerpos de las jóvenes.
El albergue, ubicado a las afueras de Ciudad de Guatemala, alojaba a unos 800 jóvenes y mezclaba a niños y adolescentes en conflicto con la ley con víctimas de abusos. Parientes y funcionarios dijeron que el incendio comenzó cuando algunas chicas prendieron fuego los colchones para protestar por los abusos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Las llamas se extendieron por la división femenina del centro, donde algunas niñas estaban encerradas bajo llave en un dormitorio tras un intento de fuga.
Claudia Tecún rompió en llanto a la entrada del Hospital Roosevelt en Ciudad de Guatemala el viernes. Su hija Noemi, de 17 años, recibía tratamiento por quemaduras que cubrían el 70% de su cuerpo. "Los doctores no le dan esperanza de vida", dijo llorando a The Associated Press.
"Yo oí en las noticias que decían que mi hija fue una de las niñas que incendió el hogar. No es cierto, cómo pueden decir eso. Mi hija no intentó quitarse la vida", aseguró.
Más tarde, Siona Hernández García fue una de las primeras menores del albergue en ser sepultada. Acompañada por sus familiares, la madre de la chica de 17 años gritaba y pedía justicia para castigar a los responsables del incendio. "Guatemala está llena de violencia", aseguró. "Están violando y matando niñas de gente pobre".
Directivos del hospital Juan de Dios dijeron la noche del viernes que otra joven había muerto a causa de sus heridas, por lo que la cifra de víctimas ascendió a 37, 19 de las cuales murieron en el lugar del incendio y otras 18 en hospitales del área.
Carlos Soto, director del Hospital San Juan de Dios, dijo previamente a la AP que el día anterior llegaron dos especialistas estadounidenses desde Galveston, Texas, para ayudar en el tratamiento de las menores.
Asimismo, informó que la Procuraduría General de la Nación consiguió visas humanitarias para ocho de ellas, con la intención de que sean trasladadas a Estados Unidos para tratarlas allá.
Geovany Castillo relató a la AP que su hija de 15 años, que sufrió quemaduras en la cara, brazos y manos, le contó que "el lugar estaba cerrado con llave, que entre varias niñas derribaron la puerta... Que se salvó porque puso una sábana mojada sobre ella".
El agricultor de 33 años agregó que "me dijo que sus compañeras le contaron que ahí las violaban y en protesta se escaparon y luego en protesta, para llamar la atención, les prendieron fuego a las colchonetas".
La Procuraduría de Derechos Humanos dijo que según investigaciones propias en el lugar se cometían abusos por parte de empleados que a pesar de haber sido denunciados desde 2015 "no se había hecho nada"."Este es un sistema rígido que se vuelve insensible", dijo el presidente Jimmy Morales el jueves por la noche y añadió que hay 1,500 niños en centros públicos en el país, de los cuales la inmensa mayoría tiene familia.
Pese a la promesa de Morales de reformar el sistema, cientos de personas se manifestaron ante la sede de gobierno para pedir justicia para las niñas fallecidas y la renuncia del mandatario.
Esa misma noche, en el barrio humilde de 4 de febrero en la capital, parientes y amigos se reunieron para el velorio de Madelyn Patricia Hernández Hernández, de 14 años. En la modesta casa de la familia se veía un ataúd de madera forrado en seda blanca flanqueado de cirios. Había una fotografía de Madelyn colocada entre flores moradas.
Madelyn era huérfana desde los tres años cuando pandilleros mataron a su madre por no pagar una extorsión, explicó la abuela de la niña, María Antonia García. El padre de la joven no estaba presente en su vida.
La joven se había portado mal, dijo García, pero se esperaba que saliera del albergue el 30 de marzo tras varios meses en el centro. Sin embargo, un juez no quería devolver la niña a la custodia de su abuela de 73 años debido a su edad.García dijo que Madelyn se había quejado de que ellas y otras niñas sufrían golpizas. "Nunca me dijo quién les pegaba", dijo la abuela. "Si ahora no se hace justicia van a seguir haciendo lo mismo".