Luego de que se revelara una serie de contrataciones irregulares en la Defensoría del Pueblo durante 2012, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, afirmó ayer que los señalamientos por supuestos actos de corrupción contra la defensora del Pueblo, Patria Portugal, los debe discutir la Asamblea Nacional.
“Espero que una vez empiece a sesionar, este debate se traiga a la Asamblea Nacional. Ese es el ente que nominó y nombró a la defensora del Pueblo”, afirmó ayer el mandatario.
La noche anterior, durante las elecciones de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), el Presidente también se había referido a este tema. “Son acusaciones muy serias y la defensora tiene que salir a responder por los cuestionamientos que se le hacen; y de una manera contundente, demostrar que lo que se dice no es [cierto]”, dijo entonces.
Ayer, Martinelli se refirió a Portugal mientras recorría las nuevas instalaciones administrativas de la Asamblea Nacional, a un costo de $26 millones. A su lado, siempre estuvo Sergio Gálvez, presidente del Legislativo, quien también apuntó hacia el caso de Portugal.
“Sé que existe una gran preocupación por las graves denuncias que han recaído sobre la Defensoría del Pueblo, pero no queremos ir más allá y queremos esperar todavía un poquito más para ver cómo se van desenvolviendo las denuncias en torno a si hubo mal manejo en esas contrataciones que se dieron sobre la página web y sobre la consultoría en imagen que se realizó”, sostuvo Gálvez.
Además, el presidente del Legislativo manifestó que como unidad nominadora del defensor del Pueblo, este órgano le está dando seguimiento a las denuncias hechas, en especial ante el Ministerio Público.
Según la Constitución, la defensora puede ser separada de su cargo mediante el voto de dos tercios de los miembros de la Asamblea. Por otra parte, la ley orgánica de la institución (Ley 7 de 1997) establece que la Corte Suprema de Justicia también la puede separar a causa de incapacidad física o psíquica, negligencia notoria en el cumplimiento de sus deberes y por incurrir en cualquiera de las incompatibilidades previstas en esta ley.
Diversas agrupaciones de la sociedad civil criticaron y cuestionaron las contrataciones directas otorgadas por la Defensoría del Pueblo a la empresa Imaginarium Studio, S.A., por un costo de $250 mil para una página web y un logotipo para la entidad, al igual que el contrato otorgado a la empresa En Avant, S.A. por $200 mil para el mejoramiento de la atención al usuario. Expertos en los servicios que se contrataron manifestaron que los contratos evidencian sobrecostos.
Las críticas también apuntaron a que estas dos empresas, que recibieron el 8% del presupuesto de 2012 de la Defensoría, pertenecen a Jazmine Ramírez, jefa de compras de la Caja de Seguro Social, y a Jean Paul Ortega Ramírez; madre e hijo.
Sobre la relación de Portugal con esta familia, el comentarista de boxeo Juan Carlos Tapia, en su programa “Lo Mejor del Boxeo” del pasado jueves, reveló que Ramírez, Ortega y la defensora acudieron a su oficina a pedirle “consejos” luego que se revelara el contrato con Imaginarium Studio, S.A. Este medio le envió un correo a Portugal para que confirmara este encuentro, pero, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
>>> Belfon no dará detalles de auditoría a contrato
Con el argumento de la reserva de sumario, la procuradora de la Nación, Ana Belfon, decidió no dar detalles del informe de auditoría que hizo la Contraloría al contrato por $250 mil suscrito por la Defensoría del Pueblo para trabajos de diseño gráfico.
“Existe una investigación, pero por la reserva del sumario no puedo hacer ningún señalamiento. De haber alguna irregularidad, el despacho actuará”, afirmó la funcionaria.
En tanto, se informó que la Autoridad Nacional de Transparencia enviará en los próximos días a Belfon el informe sobre el contrato por $200 mil firmado por la Defensoría para mejorar la atención al usuario.
Juan Manuel Díaz C.
