El legislador Benicio Robinson y el director de la Lotería Nacional de Beneficencia, Omar Chen, tienen mucho en común. Además de pertenecer al mismo partido –el PRD– son socios en varias empresas. Pero eso no fue óbice para competir por la misma curul en las elecciones del 2004, en las que Robinson se alzó con la victoria en el circuito 1-1, en Bocas del Toro. Pero hoy, los copartidarios son enemigos y sus disputas han llegado ya a los tribunales de justicia.
Chen y Robinson están vinculados –al menos– en dos sociedades: Transportes y Edificaciones del Atlántico, S.A. (TEASA) y Unión de Buses Panamericanos, S.A. La primera es dueña de tierras en Chiriquí Grande y la segunda es la concesionaria del transporte terrestre de pasajeros de la ruta Panamá-Bocas del Toro.
¿Puede un diputado tener una concesión estatal? Según el Artículo 158 de la Constitución, los honorables no pueden tener –ni siquiera a través de terceras personas– contratos con instituciones del Estado, salvo que lo hagan a través de sociedades que no son anónimas y siempre que su participación sea inferior al 20%.
Establecer quién es el propietario de TEASA es difícil, pues todas sus acciones están al portador. Omar Chen es tenedor del 50%, pero no se sabe en poder de quién está la otra mitad.
Olmedo Arrocha, abogado de Chen, dice que su cliente no maneja las sociedades. El solo inyectó capital y desconoce su estado financiero. Ni siquiera sabe si se reparten dividendos.
Robinson, en cambio, se desempeñó –al menos en el caso de TEASA– como “socio administrador”, según una demanda que interpuso Chen contra Robinson el pasado 4 de mayo. Y es en esta sociedad en la que Chen alega haber sido burlado y “despojado”.
Se intentó contactar a Robinson, pero no devolvió las reiteradas llamadas de este diario.
En su demanda, Chen acusa al diputado, así como a su hijo, Jaime Raúl Robinson –de 20 años de edad– y a Héctor Murillo, presidente de TEASA, de “simular” una reunión de accionistas para aprobar la segregación de una finca –la No. 5691– en cuatro globos de terreno que luego fueron vendidos" a Jaime Raúl, a mil dólares cada uno. Los cuatro terrenos fueron inscritos el 18 de marzo de 2003.
Originalmente la finca No. 5691 tenía 68.3 hectáreas, pero, tras su división y venta, quedó reducida a 3.3 hectáreas. Es decir, Jaime Raúl obtuvo 65 hectáreas por la módica suma de 4 mil dólares.
Según la demanda, para aprobar el acta en la que autorizó la transacción, se falsificó la firma del secretario de TEASA, que no es otro que Ricardo Chen Chang, hermano de Omar. Tanto Ricardo como su hermano Omar pidieron a la Corte Suprema que se separe a Robinson de su curul.
Los hermanos Chen sospechan que la transacción se hizo para financiar la campaña proselitista de Robinson, pues el 9 de marzo de 2004 –dos meses antes de los comicios– Jaime Robinson hipotecó tres de los cuatro globos de terreno a favor del Grupo Administrativo 50/50, S.A., cuya secretaria es Amparo Robinson, otro vástago del diputado bocatoreño.
La ganga
Jaime Robinson probó ser un prodigio: logró del Banco Universal –con sede en David– un préstamo de 300 mil dólares, cuya garantía era los tres terrenos por los que había pagado, en total, 3 mil dólares.
El cuarto globo segregado, –según consta en escritura pública del 26 de marzo de 2004– fue vendido por Jaime Robinson a Manuel Estribí Aguilar, quien, a su vez, lo puso en garantía a favor del Banco Universal, a cambio de un préstamo por 112 mil dólares.
El Banco Universal no es precisamente una entidad ajena a la política. Su subgerente es Lorenzo Escudé, hermano de Agustín Escudé, diputado oficialista y vicepresidente de la Comisión de Credenciales, la misma que preside –¿adivinan?– su compañero de bancada: Benicio Robinson.
El Juzgado Decimoquinto deberá decidir si decreta la liquidación de TEASA, como lo solicita Chen en otra demanda contra los Robinson, Héctor Murillo y Estribí. En esta acción, Chen reclama 2 millones de dólares. Por lo pronto, ya se anotó un punto: desde ese día, la finca madre –o lo que quedó de ella– está secuestrada por orden del juzgado.
El Mercedes
Donde no parece tener mucha suerte es en otra querella contra el diputado y la Unión de Buses Panamericanos, S.A., en la que ambos –demandando y demandante– son socios.
Chen reconoce que no tiene los certificados que lo acreditan como accionista, pero pidió que se investigue a su socio por supuesta estafa, al tiempo que exige medio millón de dólares. También pidió que se aseguren las pruebas y evitar así que se “oculte, trasponga y destruya” información sobre la concesionaria, precaución totalmente válida si se considera que en una oportunidad el diputado obstruyó la ejecución de la orden de un juzgado.
Ocurrió el 4 de mayo pasado, luego de que la juez cuarta penal, Solange Ferrec, ordenó el secuestro de cuentas, vehículos y otros bienes a nombre de la Unión de Buses, entre ellos, un autobús Mercedes Benz. Su conductor, empero, presentó un documento según el cual ese bien ya estaba secuestrado, por Raúl Andrade, abogado que manejó asuntos legales del diputado Robinson.
El documento abanicado por el chófer pareció importar poco a los agentes policiales, que lograron convencerlo de que bajara del autobús. A punto estaban de llevarse el vehículo cuando fueron interceptados por el diputado que, con su propio vehículo, bloqueó la salida del bus.
Un policía propuso suspender el secuestro y Robinson aceptó presuroso, no así los demandantes, que tal vez sospechaban que la orden quedaría reducida a una burla. Y así fue: el Mercedes desapareció esa noche y ahora no se sabe si lo tiene Andrade, a quien se intentó entrevistar, sin éxito.
El silencio –¿cómplice?– de la Corte Suprema de Justicia
Ha transcurrido más de un mes desde su presentación, pero la Corte Suprema de Justicia todavía no decide si admite o no una querella criminal contra el diputado oficialista Benicio Robinson, acusado de delitos contra la fe pública y el patrimonio por su co-partidario Omar Chen, actual director general de la Lotería Nacional de Beneficencia.
La acción penal fue presentada ante la Corte, porque el Artículo 149 de la Constitución –reformado en noviembre pasado– señala que corresponde a la Corte investigar y procesar a los diputados. Pero, ¿quién investiga a sus señorías, los magistrados? La Asamblea Nacional, por conducto de la Comisión de Credenciales, Justicia Interior, Reglamento y Asuntos Judiciales, que preside nada menos que el diputado Robinson. Con ello se colige que, eventualmente, Robinson podría tener que presidir el debate para investigar a alguno de los miembros de la Corte Suprema que ahora deben decidir su suerte.
Si prospera el reclamo de Chen, Robinson enfrentaría la posible separación de su cargo –como solicita la parte demandante– y una sanción de hasta 10 años de prisión.
La querella fue presentada el 11 de abril pasado por los hermanos Omar y Ricardo Chen Chang, y en ella se acusa a Robinson, a su hijo Jaime Raúl y a otros directivos de la sociedad Transporte y Edificaciones del Atlántico, S.A. (TEASA), en la que el director de la Lotería Nacional posee la mitad de las acciones en circulación.
La admisión de la querella contra el diputado bocatoreño está ahora en el despacho del magistrado Aníbal Salas, quien deberá decidir si la admite, la rechaza... o la ignora, como ocurre con otros expedientes que acumulan polvo en la gaveta de alguna oficina de la Corte Suprema.
