Esos 72 millones de dólares corresponden a ingresos obtenidos por la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) en concepto de venta de terrenos y concesiones en las áreas revertidas, según informó esa entidad.
El administrador de la ARI, Julio Ross Anguizola, explicó que al asumir el cargo efectuó un análisis de los estados financieros de la entidad y detectó esa irregularidad.
Según se explicó en la ARI, la Ley 22 de 27 de junio de 2000 establece que se deben incluir como parte del capital fundacional del Fondo Fiduciario, los fondos provenientes de las ventas y concesiones de la ARI.
Por ello, Ross pidió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que deposite al FFD los 5.4 millones de dólares que fueron destinados a la cuenta 210, porque corresponden a los ingresos percibidos por la ARI, entre septiembre y noviembre pasado, en concepto de venta de propiedades y concesiones.
Además, Ross pidió al MEF que en lo sucesivo deje de destinar esos fondos al fisco, para que sean ingresados al FFD.
En contraste, el contralor Alvin Weeden indicó que la Ley del Presupuesto establece que los ingresos de la ARI deben ser repartidos así: unos 15 millones de dólares al Tesoro Nacional, otros 7.5 millones de dólares al programa habitacional del Ministerio de Vivienda y el resto al Fondo Fiduciario.
"Lo que se ha hecho en la ARI es una pésima interpretación de la ley", opinó Weeden. Según él, estos problemas surgen cuando no se tiene experiencia en la administración pública, refiriéndose a Ross, que se ha desempeñado en la empresa privada.
