21 DE OCTUBRE
Nos acabamos de enterar de que la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate, prácticamente sin que nadie se diese cuenta, una ley que en el fondo lo que persigue es específicamente subir el costo de los honorarios que nos cobran los corredores de aduana a las empresas que utilizamos sus servicios.
Esto es más grave pues se trata de un monopolio, ya que aunque tenga usted muchos años de experiencia, ponga las fianzas que sean necesarias ante la Dirección de Aduanas, no puede hacer su propia liquidación.
Todos los humanos cometemos errores y en el proceso de confección de una declaración de importación con frecuencia vemos errores de interpretación o malos cálculos que a menudo nos cuestan miles de dólares o al menos años para lograr que se corrijan las fallas, especialmente con la puesta en vigencia de los distintos tratados de libre comercio en lo que el mismo producto termina pagando distintos aranceles dependiendo de donde provenga.
Lo que no se justifica es que la Asamblea se meta a establecer una tarifa, que ya de por sí fue subida hace pocos años por la organización que agrupa a los corredores de aduana. Ellos no necesitan de una Ley, que por cierto es injusta, y que la promueven solo los diputados que también se dedican a esta actividad y que nunca fue consultada ampliamente con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, o el Sindicato de Industriales de Panamá.
La labor del corredor es básicamente determinar en qué arancel se afora cada renglón de los que aparecen en una factura; el trabajo no tienen que ver con el valor de la mercancía si no con el número de renglones que lleva cada liquidación y la cantidad de pasos o permisos que deben obtener (valoración, bomberos, etcétera), establecer una tarifa ad valórem, que equivale a imponer un impuesto de importación adicional que seguramente será demandado por los comerciantes por inconstitucional y que le quita competitividad a nuestro país. Esa tarifa la debe regular la oferta y demanda y la calidad de los servicios que los corredores brinden a sus clientes, no necesita ser fijada por ley de la República.
Esperamos que el presidente Juan Carlos Varela no sancione esta ley precipitadamente, ya que se está abriendo una caja de Pandora, donde cada gremio va a querer que se establezca una suma por sus servicios. Pronto los peluqueros, dentistas, topógrafos y todas las profesiones liberales van a querer que la ley les permita cobrar un precio antojadizo; además de que se creó la carrera de corredores de aduana, lo que restringe que nuestras empresas, aunque estén capacitadas para hacerlo, tengan que usar obligadamente estos servicios, lo que equivale a un monopolio.
De cualquier forma, el monto de la factura no es el factor que hace que estos agentes trabajen más o menos, es el número de renglones y su gremio no necesita una ley para establecer pautas y tarifas.
