La pandemia y los procesos de confinamiento han desmejorado la calidad del trabajo.
En el país hay 677 mil 875 personas que trabajan en la informalidad. Y de este gran total, 104 mil 184 lo hacen en empresas formales.
Siempre ha existido la informalidad, incluso entre las empresas que respetan regulaciones fiscales o corporativas. Lo novedoso es que las estadísticas indican que se está dando un crecimiento en el número de trabajadores en esta condición, lo que trae consigo la carencia de beneficios y derechos laborales.
En agosto de 2019, la informalidad en empresas formales llegó a sumar 93 mil 221 trabajadores, de acuerdo con las cifras del Instituto de Estadísticas y Censo (Inec).
Cuando esto se compara con las cifras a octubre de este año, se observa un incremento de más de 10 mil personas informales que laboran para una empresa plenamente establecida.
Al contratar a trabajadores informales algunas empresas pueden evitar ciertos gastos y ganar cierta flexibilidad al evitar la regulación laboral.
Pero los empleados informales están excluidos de las prestaciones sociales, carecen de la protección de diversas garantías reglamentarias, incluida la aplicación del salario mínimo, los horarios o los pagos por despido.
Una marcada desventaja para los trabajadores en esa condición es la falta de cobertura de la seguridad social y los aportes de jubilación.
La región en pleno, atraviesa una dura crisis laboral.
El Banco Mundial indica que el empleo formal cayó 5.3%, mientras que el trabajo independiente creció 5.7% por ciento y la proporción de trabajadores ocupados en negocios pequeños, de hasta 4 trabajadores, aumentó 8%.
