La pandemia fue un factor determinante para que el Ejecutivo decidiera sobre el ajuste al salario mínimo que estará vigente por los próximos dos años.
Luego que trabajadores y empresarios no se pusieran de acuerdo, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Doris Zapata, informó ayer que el incremento oscilará entre el 1.5% y 2% en algunas actividades.
Hace dos años, el Gobierno estableció un ajuste del salario mínimo de entre el 1% y el 8%, dependiendo de la actividad económica, y con un promedio del 3.3%.
La titular del Mitradel señaló que solo las actividades que registraron, al cierre de 2021, una recuperación del 3% en comparación con 2019, tendrán un incremento en el salario mínimo para los trabajadores a partir de la segunda quincena de enero próximo.
Realidad laboral
$719
Fue la mediana de ingreso mensual de la población ocupada a nivel nacional para octubre de 2021.
11.3%
de desocupación se incrementó en 5.2 puntos porcentuales el año pasado.
“El 2020 no se tomó en cuenta dentro de este porcentaje, ya que fue un año atípico, debido a la pandemia respiratoria del coronavirus (Covid-19)”, dijo la funcionaria.
Actividades financieras y de seguros, clínicas, hospitales, explotación de cantera, suministro de agua, gas y electricidad, así como la pesca son algunas de las que aplicarán el ajuste en el salario mínimo. (ver tabla).
Los trabajadores de las bananeras recibirán el mayor ajuste en el salario mínimo con un incremento del 13%, un aumento de $58.24 mensual, quedando en 501.28 dólares.
Zapata explicó que este incremento ya estaba definido en el acuerdo pactado el 31 de diciembre de 2019 entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines (Sitraibana), el Sindicato Industrial de Trabajadores de Productores Bananeros Independientes (Sitrapbi) y el Gobierno.
En cuanto al incremento del salario mínimo que reciben los trabajadores del servicio doméstico, este será del 5%, quedando en 315 dólares para la región 1 y 290 dólares para la región 2.
De acuerdo con el decreto 74 del 31 de diciembre de 2021 publicado en Gaceta Oficial, en la región 1 están los distrito de Panamá, Colón, San Miguelito, David, Santiago, Chitré, Aguadulce, Penonomé, Bocas del Toro, La Chorrera, Arraiján, Capira, Chame, Antón, Natá, Las Tablas, Bugaba, Boquete, Taboga, San Carlos, Chepo, Guararé, Los Santos, Pedasí, Dolega, San Félix, Barú, Boquerón, Portobelo, Donoso, Santa Isabel, Santa Maria, Parita, Pesé, Atalaya, Changuinola, Chiriquí Grande, Almirante, Tierras Altas y Omar Torrijos Herrera. Mientras que en la región 2 está el resto de distritos del país.
Zapata manifestó que la decisión de aumentar el salario mínimo en algunos sectores y excluir otros, como servicios y comercio en general, “atendió criterios de justicia social, con el fin de preservar los empleos y seguir con la reactivación económica en medio de la crisis sanitaria”.
Como ha ocurrido históricamente, trabajadores y empresarios no lograron un acuerdo en cuanto al incremento del salario mínimo, dejando en manos del Ejecutivo la decisión.
En esta oportunidad, el sector empresarial no presentó ninguna propuesta de incremento, aduciendo que no era viable en medio de la coyuntura provocada por la pandemia, mientras que los trabajadores se mantuvieron en su propuesta del 20.75% de aumento.
Futuro laboral
Si hay algo que caracterizó al mercado laboral en 2021 fue la incertidumbre. Con una economía en fase de recuperación y empresas que tienen dos años consecutivos de pérdidas, los recortes de personal y la reducción de la jornada laboral fueron temas recurrentes en las agendas de muchas compañías.
El presente año 2022, tristemente, sigue marcado por ese lastre, y aún se sienten los efectos de la llamada “pandemia económica”. El Mitradel tiene 30 mil trabajadores inscritos con reducción de jornada laboral.
Bajo el esquema de modificación de jornada, en común acuerdo entre empleadores y trabajadores, se pacta un horario que puede tener hasta un 50% de reducción.
Dependiendo del porcentaje de reducción, de la misma forma se reducen los ingresos de los trabajadores.
El pasado 28 de diciembre, el presidente Laurentino Cortizo firmó el decreto No. 73 de 2021, en el cual se acordaron nuevas disposiciones sobre las modificaciones de las jornadas laborales.
Estas disposiciones quedaron plasmadas en la Gaceta Oficial No. 29445 del 30 de diciembre de 2021. Básicamente, actualiza el mecanismo que deben utilizar las empresas cuando pactan un acuerdo de reducción de jornada.
Para empezar, establece que los acuerdos de modificación de jornada suscritos en 2021 no se extienden más allá del año que ya acabó.
Entonces, los empleadores que requieran seguir aplicando acuerdos de modificación de jornada tendrán que registrarlos ante la Dirección General de Trabajo de forma presencial.
Los acuerdos de modificación deben seguir manteniendo iguales condiciones para los trabajadores que realicen la misma actividad.
Una vez publicado el decreto y estrenando el nuevo año, los acuerdos que no cumplan con los criterios mencionados a partir del 1 de enero serán considerados nulos.
La modificación de la jornada laboral se ha traducido en una desmejora en la calidad del trabajo. Decenas de trabajadores tienen más de un año laborando menos horas, y por ende reciben menos ingresos.
Esto ha requerido un ajuste de en los gastos de decenas de familias, nuevos acuerdos de pagos con bancos o cualquier tipo de acreedores y modificaciones en los hábitos de consumo.
Para tener una idea del impacto en la modificación de la jornada, el Mitradel calculó que desde marzo de 2020 hasta abril de 2021, los trabajadores dejaron de generar ingresos por $103.6 millones.
Valeria trabaja en una inmobiliaria y es una de los miles que tiene más de un año con modificación de jornada. Cuenta que inicialmente le fue posible adaptarse a su nueva realidad de ingresos, porque la economía estaba completamente cerrada y no tenía que enfrentar gastos de transporte o destinar parte de sus ingresos a su arreglo personal, cada vez que visita a un cliente.
Pero a medida que las actividades fuera de casa se fueron normalizando, debe destinar parte de sus ingresos a combustible o almuerzos, sin descartar las actividades extracurriculares de su hija, además de enfrentar gastos escolares sin descuento, por mencionar algunos ejemplos.
Parte del problema es que los trabajadores reciben menos ingresos y también enfrentan una inflación que ha ido en aumento.
El alza de precios reduce más el poder adquisitivo y se pone más presión a familias y empresas en medio de la recuperación.
El índice de precios al consumidor (IPC) amplió la tendencia al alza, y en el mes de noviembre de 2021, reflejó un aumento del 3.4% respecto al mismo mes del año 2020.
Dentro de los grupos que se analizan para definir el IPC, el transporte, en el que se incluye el precio del combustible, es el que registra un mayor aumento.
También se elevan los precios de educación, alimentos y bebidas no alcohólicas, así como los precios en hoteles y restaurantes, entre otros.
Valeria advierte que para quienes suelen obtener el grueso de los ingresos en comisiones, es más difícil la situación, pues en busca de concretar una venta, deben destinar todo el tiempo que sea necesario, sin importar lo que dictamine el acuerdo laboral.
“Ahora trabajo más que antes de la pandemia y recibo el 20% menos de mis ingresos en mi salario fijo. Por otro lado, las comisiones no se han recuperado. Vender un apartamento es cada vez más complicado porque se trata de una decisión que las personas evitan cuando hay tanta incertidumbre”, indicó.
La precariedad no solo es cobrar un bajo salario, es trabajar menos horas, tener un contrato que apenas garantiza ingresos por unos meses y pasar de forma recurrente por el desempleo.
En el país hay 222 mil trabajadores desocupados y 677 mil 875 empleos informales, de una población económicamente activa de 1.9 millones de personas.
La población desocupada se ha incrementado en 52% en comparación a agosto 2019, cuando se registraron 146 mil 111 personas sin empleo.
Por género, se estimó que habían 128 mil 076 hombres y 94 mil 004 mujeres desocupadas, observándose una variación del 85.2% y 22.2%, respectivamente.
Los jóvenes son los que más sufren. El desempleo juvenil fue del 49.2%, esto quiere decir que de cada 100 desocupados, se estimó que 49 tienen edades de entre 15 y 29 años.
Valeria espera que la situación mejore, pero reconoce que no será de un día para otro. “La pandemia nos dejará huellas enormes. Reconozco ansiedad y tristeza por todo lo que pasa. Pero también quiero ser optimista en el 2022”.
