El principal accionista de Seguros BBA, Leopoldo Castillo, llevó a Panamá a un proceso de arbitraje internacional en el que reclama al Estado una indemnización por $10 millones.
El empresario, de origen venezolano nacionalizado dominicano, se ampara en el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre Panamá y República Dominicana, y asegura que Seguros BBA le fue expropiada.
El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió notificación del arbitraje el pasado mes de abril y el Consejo de Gabinete, en una resolución del 18 de junio, autorizó a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros para que otorgue poder al abogado o firma que ejerza la defensa jurídica.
El reclamo de Castillo surge tras la liquidación forzosa de la aseguradora. En mayo de 2018, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros ordenó la toma de control administrativo y operativo de Seguros BBA.
En la resolución se detalla que la empresa fue sancionada hasta en 8 ocasiones entre 2015 y 2017 por incumplimientos de las normas que regulan el sector seguros, entre ellas, el régimen de prevención de blanqueo de capitales, incumplimiento en las obligaciones de protección al consumidor, comercialización de productos sin la autorización del regulador, y por operar sin los reaseguros adecuados.
En julio de 2018, la directiva del regulador ordenó la liquidación forzosa de la compañía luego de que la junta responsable de la toma de control se percatara de la ausencia de buenas prácticas de gobierno corporativo, de manejos irregulares de las transacciones, manipulación de la información financiera e insuficiencia de fondos líquidos para cumplir con las obligaciones, e incumplimiento en el pago de las reclamaciones de los afectados, según consta en la Resolución 54 de 26 de julio de 2018. Por esos supuestos manejos irregulares, los apoderados judiciales de Seguros BBA interpusieron una denuncia penal contra Leopoldo Castillo ante el Ministerio Público de Panamá. En la denuncia se asegura que Leopoldo Castillo “se apropió ilícitamente de fondos que no le correspondían” y que “alteró y manipuló la contabilidad de Seguros BBA”.
Falta de protección
En la demanda de arbitraje, por su parte, el empresario alega que la liquidación forzosa de Seguros BBA se ordenó sobre supuestos no verificados y desconociendo las leyes y protecciones aplicables. Denuncia un acoso por parte del regulador por las constantes inspecciones a la compañía.
Además, advierte de que las supuestas irregularidades detectadas no serían lo suficientemente graves como para determinar la toma de control de la compañía.
El empresario señala también que desde que la aseguradora fue objeto de la toma de control, los administradores dejaron de cumplir las obligaciones con los proveedores, con reaseguradores o con los reclamos pendientes, causando un perjuicio a la compañía.
El arbitraje se llevará a cabo en Costa Rica con un tribunal compuesto por tres árbitros. Tanto Panamá como el empresario ya escogieron a sus árbitros y entre ellos deben elegir al tercero.
Consultado sobre este proceso, el superintendente de Seguros y Reaseguros, José Joaquín Riesen, dijo que se trata de la primera ocasión que una aseguradora opta por no utilizar el procedimiento de impugnación establecido en la Ley de Seguros y no acude ante los tribunales panameños.
Más que por un eventual fallo en contra, Riesen dijo estar preocupado por no poder recuperar las costas y gastos del proceso, “si dicha demanda no prospera, dada la precaria situación económica bajo la cual se encontró la compañía aseguradora al momento de tomar control de la misma y según el último reporte de los liquidadores, en el cual señalan que no cuentan con recursos para hacer frente a ninguna de las obligaciones de la aseguradora, producto de los malos manejos administrativos, los cuales fueron denunciados ante las autoridades panameñas”.