Una demanda colectiva por daños y perjuicios que interpusieron en octubre pasado copropietarios del edificio PH Royal Tower —ubicado en calle Primera, Carrasquilla— contra la promotora Pedros Bienes Raíces y la constructora Wilmar Group Corp fue admitida a inicios de este mes por el juzgado noveno civil de Panamá.
La demanda colectiva —la primera en el sector inmobiliario— fue presentada el año pasado por el abogado Giovani Fletcher en representación de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa) y de 42 personas que adquirieron departamentos en este inmueble y que desde sus entregas en agosto de 2015 han sufrido una serie de problemas por supuestas deficiencias en la construcción.
Los compradores solicitan un resarcimiento económico que podría superar el millón de dólares, según el abogado Fletcher, tras sustentar daños morales, pago de reparaciones por vicios ocultos y gastos en que han incurrido para solucionar los percances en la edificación.
Tras ser admitida la demanda ahora procede la notificación a los representantes legales de las empresas demandadas para que comparezcan a una audiencia ante el juzgado de comercio donde deben hacer sus descargos, explicó Fletcher.
Aunque en la demanda los propietarios solicitan una indemnización, los representantes de las empresas involucradas dijeron que están dispuestos a impugnar esta solicitud porque ha habido una variación de precio en el mercado.
Hubo propietarios que compraron su apartamento en 84 mil dólares en 2010, pero cuando se les entregó en 2015 el valor había subido a 94 mil dólares. No obstante, hay compradores que han pagado hasta 145 mil dólares por su unidad.
REACCIONES
Pedro Gregorio Detresno, gerente general de Pedros Bienes Raíces, quien vendió los apartamentos, manifestó que han insistido con los representantes de la constructora —con éxito— para atender todas las solicitudes de reclamos que se han hecho en el referido edificio.
Representantes de la firma constructora Wilmar Group dijeron en octubre pasado que desde mayo de 2016 una cuadrilla de trabajadores se había dedicado a hacer las reparaciones pertinentes.
Mientras que Detresno aseguró ayer que prácticamente el 90% de los reclamos que se presentaron en la demanda han sido corregidos; al tiempo que afirmó que los copropietarios son los encargados de corregir el proceso legal que se inició, porque a su empresa se le está catalogando como proveedor y no como vendedor, que es su función.
“No es lo mismo vender un proyecto, que no es de uno, como corredor de bienes raíces”, aclaró Detresno, al alegar que los gremios del sector están conversando de esta clasificación que hay que corregir en la ley que los regula.
También aseguró que gran parte de los que pusieron la demanda son personas que están alquilando esos apartamentos, lo que hace que estas reclamaciones pasen a otro tipo de autoridades por la situación comercial que se desarrolla.
Uno de los demandantes y copropietario de un departamento del PH Royal Tower se quejó ayer porque supuestamente la constructora solo arregla algunos daños (“parches”), pero nada que sea en proporción al valor de la inversión ni a lo que estaba en los planos.
Dijo que es ilógico hacer una inversión tan onerosa para presentar una demanda —por los honorarios, peritos y todo lo demás— sabiendo que la constructora ha avanzado en resolver las reclamaciones.
“Lo que buscamos es que se cumpla lo que está en los planos. A nosotros nos prometieron algunas cosas que no se cumplieron”, reveló una afectada.
Los perjudicados reclaman que la infraestructura no está terminada con base en lo que estipula el contrato. Por ejemplo, se prometió un piso de porcelanato mate y se entregó unas baldosas más económicas, los clósets no están bien terminados y no poseen gaveteros como se prometió, hay paredes desniveladas y no están pulidas como corresponde, tampoco hay alarma contra incendio dentro del apartamento.
Hay una piscina que no se ha usado porque el equipo de reparación aún no ha resuelto el daño.
Hay propietarios del PH Royal Tower que culpan a las autoridades, como el Cuerpo de Bomberos de Panamá y el Municipio de Panamá, ya que son los responsables de emitir criterios y aprobar planos, para luego expedir permisos de ocupación. Pero esto es parte de lo que deben resolver las autoridades judiciales en el proceso legal.