Las autoridades centrales de España ajustaron el control de gastos del Gobierno catalán para garantizar que no se desvíen fondos a un referendo declarado anticonstitucional, dijo el ministro de Hacienda.
Tras la reunión semanal del gabinete, Cristóbal Montoro aseguró que el Gobierno catalán tendrá plazo de 48 horas para cumplir con un nuevo sistema de vigilancia de los fondos públicos para “garantizar que ni un euro irá a pagar algo ilegal relacionado con el referéndum del 1 de octubre”. Montoro indicó que las medidas extraordinarias se justifican por la necesidad de asegurar la estabilidad presupuestaria de Cataluña y para defender el orden legal en España. La semana pasada, la corte constitucional ordenó suspender un referendo sobre independencia, convocado por el Gobierno catalán para el 1 de octubre. Los políticos separatistas de la región más desarrollada de España quieren seguir adelante con el referendo a pesar de la prohibición y el inicio de una investigación criminal a los alcaldes de Cataluña que apoyaron la votación.
El vicepresidente catalán Oriol Junqueras, quien está a cargo de los asuntos económicos, dijo que dejará de enviar informes semanales de gastos a las autoridades centrales porque la vigilancia obedece a motivos políticos.
Los 17 gobiernos regionales deben enviar informes mensuales a Madrid, pero desde julio se dispuso que fueran semanales en el caso de Cataluña a medida que progresaban los preparativos para el referendo.
Madrid ha rechazado los pedidos de diálogo de las autoridades catalanas sobre un referendo, porque este solo se puede realizar si una mayoría en el Parlamento nacional vota a favor de modificar la Constitución.
Bajo la ley española, solo el Gobierno central puede promover un referendo de secesión y todos los ciudadanos españoles tienen el derecho de votar en asuntos que afectan la soberanía nacional.