En 1966 se creó el impuesto a la fabricación y expendio de bebidas alcohólicas. En 1977 se incorporó el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles. La Ley 31 de 1991 hizo importantes ajustes al régimen. Con las leyes de fomento a los sectores más "débiles", entre las cuales destaca la de "universalización de incentivos" (Ley 28 de 1995) vino la ola de exoneraciones y rebajas de impuestos de importación, renta, inmuebles e ITBM.
La administración de Mireya Moscoso impulsó una ambiciosa reforma tributaria, que derivó en la Ley 61 de 2002, y que este gobierno está a punto de derogar para poner en marcha un nuevo modelo.
El fisco y los tributos
¿Qué similitudes y diferencias hay entre las dos últimas reformas? La Prensa consultó a Rolando Gordón, ex vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá; Adolfo Quintero, presidente del Colegio de Economistas, y Frank de Lima, analista financiero y ex asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, para dar respuesta a esta interrogante.
"El plato fuerte de la reforma de doña Mireya fue gravar el consumo, con la aplicación del 5% del ITBM a los servicios y la ampliación de la base impositiva al impuesto selectivo. El de la reforma de Martín es gravar los ingresos brutos, tanto de las empresas como de la clase media", concluye Gordón.
La reforma Moscoso fue exclusivamente tributaria; la de Torrijos es fiscal, porque incluye un plan de contención de gasto público. La Ley 61 pretendía recaudar anualmente 63 millones de dólares adicionales; la Ley 64 aspira sumar al fisco 200 millones.
La anterior no modificó el principio de territorialidad y mantuvo la mayoría de los incentivos fiscales, la actual no solo grava cierto tipo de rentas extranjeras, sino que pecha los gastos de representación del asalariado, pone techos a las deducciones fiscales y deroga parcial o totalmente las leyes que reconocen incentivos a la industria de la construcción (Decreto 44 de 1990), reforestación (Ley 24 de 1992), fomento y desarrollo industrial (Ley 11 de 2004 ) y transacciones en la bolsa (Artículo 269 de la Ley de la Comisión Nacional de Valores o CNV).
"La propuesta de Mireya dividió a la clase empresarial panameña: el CONEP y la SIP apoyaban su reforma, mientras APEDE y la Cámara de Comercio se oponían. Eso impidió que se consolidara un frente empresarial en contra, que es lo que estamos viendo ahora. Y también hemos visto cómo los sectores de clase media y profesional se han organizado para combatirla", acota Gordón.