China se dispone a otorgarle al presidente Xi Jinping una nueva herramienta en momentos en que le ha allanado el camino para perpetuarse en el poder: una agencia anticorrupción dirigida por el Partido Comunista que vigilará no solo a la militancia partidista, sino también a médicos, maestros, artistas y otros empleados del Estado.
Es parte de una vasta reorganización gubernamental a fin de apuntalar la autoridad del partido dirigido por Xi, que se ha afianzado como el más imponente líder chino desde Mao Zedong.
El domingo, el Parlamento chino eliminó el límite de dos períodos impuesto a la presidencia nacional, allanando el camino para que Xi permanezca en el poder por el tiempo que desee.
Ello ha causado descontento entre sectores que temen el retorno a una dictadura personalista y la eliminación de las modestas medidas aplicadas desde 1982 para circunscribir el poder.
El Congreso Nacional del Pueblo inició el martes la tercera y última redacción de la ley que ampliaría la autoridad de la nueva comisión anticorrupción para que abarque a millones de empleados del sector público.
La medida “parece calculada, como una manera de intimidar a la burocracia oficial para que se adhiera más fielmente a la línea partidista”, opinó Ryan Mitchell, profesor de leyes de la Universidad de Hong Kong.
La ley fusionaría las atribuciones de la comisión anticorrupción del partido con la comisión que supervisa al sector público, creando una Comisión de Supervisión Nacional independiente del Gabinete, de los tribunales y de los fiscales. Ello ha provocado temores de abusos políticos. La comisión tendrá la potestad de detener a sospechosos por hasta seis meses sin autorización de un juez. Las autoridades deberán informarle a la familia del detenido y a su lugar de trabajo en 24 horas, a excepción de casos donde exista el riesgo de destrucción de evidencias u otros obstáculos al proceso judicial, según la nueva ley.